

Artículo Científico. Revista Académica Decisión Gerencial.
Vol. 3, No. 7, pp. 49-68, Enero-Junio, 2024.
ISSN:2953-6391
Edición Semestral.
Pobreza y violencia de género espacial en provincias del Ecuador
durante el periodo 2015 – 2022.
Poverty and spatial gender violence in the provinces of Ecuador
during the period 2015 – 2022.
Lester Alexander Romero 1*, apolo.lester.romero@est.ucacue.edu.ec ORCID 0009-0001-4570-4816
Jennyfer Marcillo Chasy 2*, jennifer.marcillo@ucacue.edu.ec ORCID 0000-0003-1163-997X
Recibido: 04-sep-2023, Aceptado: 14-dic-2023, Publicado: 01-ene-2024
Resumen
Dados los constantes casos de violencia de género en el Ecuador y en el mundo, y las ineficientes políticas públicas que parten
de inputs equivocados para hacer frente a dicho fenómeno, se pretende exponer a la pobreza como un factor que propicia
escenarios de violencia contra la mujer; de esta forma, se podría tratar a la causa para menguar el efecto que conlleva a la
violencia. El presente análisis se desarrolla a partir de los casos tipificados como violencia contra la mujer según los registros
del Consejo de la Judicatura, en conjunto con los índices de pobreza obtenidos de la Encuesta de Empleo Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) para el periodo 2015 – 2022. Mediante un análisis de correlación espacial se determinó que existe
una relación positiva entre los casos de violencia de género y pobreza; específicamente en las provincias de Orellana y Pastaza
las cuales destacan por presentar un patrón fuertemente similar entre los vecinos.
Palabras clave: Clúster LISA, Test de Moran, violencia de género, pobreza.
Abstract
Given the constant cases of gender violence in Ecuador and in the world, and the inefficient public policies that are based on
wrong inputs to confront this phenomenon, the aim is to expose poverty as a factor that favors scenarios of violence against
women; in this way, the cause could be treated to reduce the effect that leads to violence. The present analysis is developed
based on the cases typified as violence against women according to the records of the Judiciary Council, in conjunction with
the poverty indices obtained from the Employment, Unemployment, and Underemployment Survey (ENEMDU, in its Spanish
acronym) for the period 2015 - 2022. A spatial correlation analysis determined a positive relationship between cases of
gender violence and poverty, specifically in the provinces of Orellana and Pastaza, which stand out for presenting a strongly
similar pattern among neighbors.
Keywords: LISA cluster, Moran test, gender violence, pover.
1Estudiante, Universidad Católica de Cuenca, Apolo, lester.romero@est.ucacue.edu.ec, ORCID 0009-0001-4570-4816
2Docente, Universidad Católica de Cuenca, jennifer.marcillo@ucacue.edu.ec, ORCID 0000-0003-1163-997X
50
Romero, Marcillo
1
Introducción
La violencia de género es un tópico ampliamente abordado por la mayoría de las ciencias sociales, y cada una de ellas,
se centra en estudiar las causas y consecuencias desde distintas perspectivas. En economía, no se realiza ninguna excepción
y se aborda este fenómeno ampliamente, de modo que una de las causas empíricamente comprobada es la pobreza (Sánchez,
2006, p.12).
En el contexto de la pobreza, es importante resaltar que dicha condición económica está estrechamente vinculada
con la ubicación geográfica del ente al que nos referimos, es decir, un país africano promedio es más pobre que un país
europeo promedio, de igual manera en América, un país sudamericano en promedio es más pobre que un país norteamericano
promedio (Novales, 2012). En el contexto micro, a nivel nacional, la división de sectores en Ecuador funciona igual, la
pobreza en la zona rural es mayor a la pobreza en la zona urbana. (Lanjouw, 2000). Según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) se registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en diciembre de 2021 se ubica en 27,7 %
mientras que la pobreza urbana es de 20,8 %, y la pobreza en el área rural es de 42,4 %.
Cuando de violencia de género se trata, comúnmente se lo relaciona al maltrato en contra de las mujeres, esto es un
hecho históricamente aceptado por la sociedad en general (Flores, 2016). En Ecuador, la tasa de violencia de género es
alarmante, las estadísticas reflejan que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, 1 de cada 4 mujeres
ha vivido violencia sexual y el 53.9 % de mujeres han sido víctima de violencia psicológica, siendo esta ultima la forma de
violencia de género más frecuente (INEC, 2019).
El territorio objeto de estudio del presente artículo son las provincias del Ecuador, un país que según la Constitución del
2008 es: “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. En este mismo sentido
legal, el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD (2010) dispone que: a nivel de organización territorial “El
Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales (...) las provincias
son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les correspondan.” Además, con respecto a
la naturaleza jurídica, los GAD provinciales son reconocidos como personas jurídicas de derecho público, que disponen
de autonomía administrativa, financiera y política. Sin embargo, estarán bajo las funciones de legislación y fiscalización
de la participación ciudadana. (COOTAD, Art. 40) La importancia de esta investigación radica en evidenciar una posible
relación entre zonas geográficas con altas tasas de pobreza y la incidencia de violencia de género. En este sentido, según
Orozco (2022) para un boletín del INEC las provincias del Ecuador que presentan un mayor nivel de pobreza (por ingreso)
a diciembre 2021 son: Morona Santiago (70,5 %), Napo (59,4 %), Orellana (55,6 %), Esmeraldas (52,9 %) y Sucumbíos
(50,9 %). Consecuentemente, dos de los territorios mencionados anteriormente, se encuentran entre las principales provincias
con mayor tasa de violencia de género (mujeres mayores a 15 años): Morona Santiago y Napo con el 78,9 % y 77,7 %
respectivamente (INEC, 2019). Por tanto, se tiene indicios suficientes para relacionar a la pobreza con la violencia de género.
Dadas las cifras anteriores se percibe una latente preocupación debido a las altas tasas de violencia de género
evidenciadas en los expedientes legales y en la impunidad en la que finalizan las mismas por temas de ineficiencia del poder
judicial del país. Además, hay una escasa evidencia de factores y teorías que expliquen la perpetuación del fenómeno de la
violencia de género, por lo que es preciso cuestionar si existe relación entre las altas tasas de pobreza y la tasa de violencia de
género en las provincias de Ecuador.
La presente investigación pretende determinar la existencia de zonas con alta concentración de niveles de violencia de
género conforme la distribución espacial de la pobreza en las provincias del Ecuador, a partir de un estudio de las teorías sobre
la violencia de género y la pobreza espacial, diagnosticando el comportamiento de estas variables.
2
Marco Teórico
Este segmento del artículo se estructura de tal manera que al principio se tratará los aspectos teóricos de la pobreza,
abordando definiciones, clasificaciones y enfatizando el tema a nivel territorial. En segundo lugar, se abordará los aspectos
conceptuales de la violencia, esto con la finalidad de profundizar los aspectos de la violencia de género en el contexto
ecuatoriano. Finalmente, este segmento culminará exponiendo los estudios empíricos que relacionan a la pobreza y violencia
de género.
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Pobreza y violencia de género espacial
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Aspectos Teóricos Relacionados a la Pobreza
La pobreza como situación económica engloba una serie de limitantes que imposibilita la tarea de satisfacer necesidades
fisiológicas, de seguridad, sociales, reconocimiento y de autorrealización de los individuos; esto, debido a la carencia de los
instrumentos necesarios como la alimentación, asistencia médica, educación, entre otros. En este contexto, la Organización
de Naciones Unidas (2012) afirma que “la pobreza no es solo una cuestión económica; es un fenómeno multidimensional que
comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad” (p.02), de tal forma que la
pobreza condiciona a los aspectos sociales más básicos de la vida.
Desde una perspectiva clásica, para Adam Smith “la pobreza está históricamente relacionada con la desigualdad, pues
aparece conjuntamente con la propiedad privada y el gobierno” (Pardo, 2000, p.113), asegurando que las personas son
distintas en diversos aspectos debido a la propiedad privada y al gobierno. Este último a través de estatutos no permite que
aquellos individuos que poseen menos logren una paridad en cuanto a recursos. En el mismo contexto clásico, David Ricardo,
quien no provee una definición explicita de la pobreza en ninguno de sus escritos, realizó algunas investigaciones acerca de
las causas de la pobreza que para ese entonces abundaba en -Gran Bretaña. De este modo Ricardo define la pobreza como “un
problema social que afecta a las clases trabajadoras y reduce el bienestar general de la sociedad” (Pardo, 2000, p.123).
Como un punto de vista coetáneo, Stezano (2021) y Eriz y Fernández (2015) interpretan la pobreza como aquel síndrome
situacional en el que los individuos se encuentran privados de bienes y servicios necesarios, por tanto, están obligados a
vivir en condiciones precarias fuera de los estándares socialmente establecidos. Con los conceptos abordados previamente
es totalmente válido generalizar y asegurar que la pobreza está latente en todas las regiones del mundo; sin embargo, para
propósitos de la presente investigación, se utilizará aquellas interpretaciones que relacionan la pobreza con la desigualdad.
Del mismo modo, es importante analizar de manera teórica el panorama de pobreza en el territorio ecuatoriano. En Ecuador
se considera que una persona es pobre cuando “el ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza” (INEC, 2021). Por
tanto, la metodología utilizada para medir los niveles de pobreza en el país es la comparación entre el ingreso per cápita con
la línea de pobreza.
En Ecuador, como en el resto de Latinoamérica, se utilizan dos principales enfoques para el estudio del nivel de pobreza:
pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y, pobreza por ingreso o consumo. En el orden de las ideas anteriores,
el enfoque de pobreza por NBI fue abordado profundamente por Feres y Mancero (2001) determinando que: “Una persona
pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar
decente para vivir, educación básica, etc” (p. 18). El cálculo se centra en una combinación de bienes y servicios que conforma
una canasta básica, y la línea de pobreza resulta del gasto mínimo para adquirir dicha canasta básica.
El cálculo de la pobreza por el método de las necesidades básicas indirecto fue desarrollado finales del siglo XX por la
CEPAL y abarca cinco indicadores para medir las privaciones multidimensionales. Para Ecuador, el INEC efectúa el cálculo
de la pobreza por el método de las necesidades básicas insatisfechas utilizando las mismas medidas propuestas por la CEPAL
en los años 80 (INEC, 2016, p.147). En este sentido, las cinco dimensiones que se toman en cuenta son: acceso a vivienda,
disponibilidad a servicios básicos, acceso a la educación, hacinamiento y, el indicador de capacidad económica. El acceso a
una vivienda digna debe cubrir la necesidad de seguridad para refugiarse de los fenómenos del medio ambiente (sol, lluvia,
etc.), además de resguardar otros aspectos de autorrealización como la privacidad e higiene (p. 24). En este sentido el INEC
determina que una vivienda adecuada se determina por los materiales de construcción utilizados en las paredes, suelo y
tejado.
La segunda dimensión referente al acceso o carencia de servicios básicos está conformada por dos grupos de indicadores.
La disponibilidad de dichos servicios hace referencia al abastecimiento suficiente y permanente de agua depurada que es
necesario para cubrir las necesidades fisiológicas de subsistencia como son la higiene y la alimentación. La medición de la
disponibilidad de agua es medible a través de dos cualidades: la potabilidad, y la forma en que se suministra la misma. Por
otro lado, el acceso a los servicios sanitarios es medible mediante la disponibilidad de servicio higiénico y el método para
eliminar aguas servidas (p. 24). En Ecuador se considera que el hogar es pobre cuando: a) el domicilio no posee servicio
higiénico o si es que lo tiene es a través de pozo ciego, o b) cuando no se abastece con agua por red pública o por otra fuente
de tubería.
Un tercer indicador señala a la educación básica como un requisito mínimo indispensable para que los individuos tengan
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Romero, Marcillo
la oportunidad de hacer frente a una vida productiva y social, de tal manera que se convierte en una necesidad básica. Para la
medición de esta necesidad es importante analizar la asistencia a un establecimiento educativo y tomar en cuenta la calidad
del mismo. (p. 24). El INEC considera que el hogar se encuentra privado de la educación básica cuando existen niños de 6 a
12 años que no asisten a un centro de educación.
La cuarta dimensión corresponde al hacinamiento relaciona la cantidad de personas que habitan en una vivienda y el
espacio o número de habitaciones que dispone la misma (Vera, 2021, p. 01). La ausencia de hacinamiento del hogar permite
cubrir las necesidades de autorrealización y afiliación, importantes para el desarrollo de natural de los individuos (p. 24). En
Ecuador se considera pobre a un hogar cuando conviven más de tres personas por habitación. Finalmente está el indicador
de capacidad económica que a diferencia de los otros antes mencionados, no mide puntualmente una necesidad básica, más
bien, intenta reflejar la posibilidad que posee una familia de conseguir los recursos suficientes (refiriéndose en términos
monetarios) para consumir los bienes y servicios necesarios. El presente indicador toma en cuenta el nivel de educación del
jefe(a) del hogar, y la cantidad de individuos que dependen de quienes aportan recursos (p. 24). Para el INEC un indicador de
incapacidad económica es cuando: a) el jefe o jefa de hogar posee menos de 3 de años de escolaridad, y b) existen más de tres
personas por cada persona ocupada del hogar.
Cuando una familia o individuo vive frecuentemente privado de varias de las dimensiones antes mencionadas se
encuentra dentro de la categoría de pobreza multidimensional, que “permite evaluar de manera simultánea las diferentes
privaciones o vulneraciones de derechos a los cuales se enfrentan los hogares ecuatorianos” (Castillo Jácome, 2021, p. 05).
La aplicación de dicho método gravita en diseñar una serie de indicadores que demuestren los derechos del buen vivir de los
individuos. El segundo enfoque de la pobreza considerado indirecto, o pobreza por ingreso o consumo, reconoce como pobres
a “aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas” (Feres Mancero,
2001, p. 18). A diferencia del primer enfoque que relaciona el bienestar con el consumo efectivo, el enfoque indirecto analiza
el bienestar de las personas mediante la capacidad para poder consumir. Para la utilización de este enfoque es necesario
incluir las líneas de pobreza que establece el valor monetario mínimo para conservar un nivel de vida apropiado.
Dentro del panorama ecuatoriano se considera pobre a un individuo cuando “percibe un ingreso familiar per cápita
menor a USD 85,60 mensuales y pobre extremo si percibe menos de USD 48,24” (INEC, 2021, diapositiva 07), lo
segundo implica que, aquellos individuos que perciban menos de USD 48.24 son propensos a sufrir enfermedades que
ponen en riesgo su vida pues ellos no son capaces de satisfacer las necesidades fisiológicas vitales más básicas. En este
sentido, la CEPAL define la pobreza extrema o indigencia como “la situación en que no se dispone de los recursos
que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación” (Ban Ki-moon, 2010, p. 25). La situación de la
pobreza extrema resulta tan grave que el primer objetivo de las Naciones Unidas es precisamente erradicarla hasta el año 2030.
Ahondar en el estudio de la pobreza conlleva a la popular interrogante ¿por qué una persona, un país o una región es
pobre? y, aunque el propósito de este artículo no es profundizar sobre las razones que conlleva a la pobreza, es importante
señalar un factor que permanece latente en las zonas más pobres: las trampas de pobreza. Azariadis Stachurski (2005) definen
una trampa de la pobreza como “cualquier mecanismo que se refuerza a sí mismo y hace que la pobreza persista” (p.33) dado
que estas situaciones son prolongadas, y mantiene a los individuos por debajo del nivel de ingresos suficiente para satisfacer
sus necesidades básicas en el tiempo. Además, imposibilita el acceso a una educación de calidad o a inversiones futuras con
las que puedan adherirse a una mejor calidad de vida y desprenderse de aquel circulo vicioso (Montalvo, 2021, p. 04). En
otras palabras, las trampas de pobreza establecen barreras a los individuos para que ellos puedan invertir en capital humano o
capital físico.
El principal problema de las trampas de pobreza es que agrava la desigualdad, empobreciendo más a las familias que no
están en capacidad de obtener más recursos, y enriqueciendo más a un grupo de individuos que tienen múltiples opciones de
inversión. La desigualdad, en términos económicos se refiere a la diferencia de la manera en que están distribuidos los activos
económicos. (Galindo, et al., p. 02). El indicador más común para medir la desigualdad económica dentro de un territorio es
el coeficiente de Gini, esto es, “el cociente de las diferencias entre la línea de equidistribución y los valores de la curva de
Lorenz” (Navarro Sangurima et al. 2018, p. 04).
Aspectos Conceptuales Sobre la violencia
Entre los efectos negativos que ocasiona la condición de pobreza destacan la desnutrición, migración, delincuencia y
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Pobreza y violencia de género espacial
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desintegración familiar (Espinoza, 2016, p. 12), dentro de esta última consecuencia se encuentra inmerso un factor de riesgo
que es la violencia. En este sentido la organización mundial de la salud (OMS) define a la violencia como:
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones (Krug, et al. 2003, p. 5). Es así que se puede identificar tres tipos de violencia: a) violencia autoinfligida, b)
violencia interpersonal, c) violencia colectiva.
Sobre la base de las consideraciones anteriores Veloso et al. (2017) explican que la violencia autoinfligida se relaciona
a la conducta suicida que engloba ideas arriesgadas relacionadas a las autolesiones llegando a los casos extremos del
parasuicidio o suicidio consumado. Bajo este concepto, la OMS reportó en el 2017 que el suicidio es una de las tres
principales causas de muerte en la población entre 15 y 44 años. Entre los medios utilizados para la práctica de este tipo de
violencia destaca la autointoxicación exógena por drogas y por productos químicos o pesticidas. (p. 02)
En lo que se refiere a la violencia colectiva se define como el uso de la violencia como instrumento de persuasión
por parte de un grupo de individuos contra otro grupo, para alcanzar objetivos políticos, sociales o económicos. Las dos
formas más usuales en las que se presenta este tipo de violencia son: los enfrentamientos entre pandillas del narcotráfico y
los conflictos armados patrocinados por el Estado, siendo este último el tipo de violencia que históricamente ha ocasionado
mayor mortalidad (Levy, et al. 2017, p.05).
Por otro lado, se entiende por violencia interpersonal a la intención de causar daño a través de un comportamiento
violento (indistintamente de la forma) a otro individuo. La OMS (2003) divide a la violencia interpersonal en dos
subcategorías: Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí y que pueden conocerse o no;
acontece generalmente fuera del hogar (p.06)
Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la familia o compañeros
sentimentales, y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. (p. 06) Para propósitos de la presente investigación, se
profundiza en este último tipo de violencia, dado que la violencia de género está inmersa dentro de la violencia interpersonal.
Cabe destacar que la forma en que se puede presentar la violencia interpersonal (y por tanto también la violencia de género)
varía dependiendo de su naturaleza. La OMS (2003) identificó 3 formas de violencia dada su naturaleza: a) física, b) sexual,
y c) psicológica.
Cuando se habla de violencia física se hace referencia a la acción del uso de la fuerza física o cualquier objeto
que se emplee con la intención de ocasionar lesiones, fallecimiento, dolor o agresión provocando un perjuicio en la
integridad física interna y/o externa (Asamblea Constituyente, 2018). En tal virtud, el código orgánico integral penal
de la República del Ecuador (COIP, 2014) sanciona: “La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer
(. . . ), cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.” (p.60)
La segunda forma de violencia es la violencia sexual, para la OMS este tipo de violencia comprende un conjunto grande
de factores en los que se podría entender y ocurrir, siendo así que puede ser bajo presión en el matrimonio u otro tipo de
relaciones afectivas, violaciones por parte de desconocidos, violaciones desmesuradas durante los conflictos bélicos, el acoso
sexual, prostitución y trata de personas, violaciones a menores, y demás actos violentos contra la integridad sexual (Krug, et
al. 2003, p. 149).
La violencia física puede generar daño, sufrimiento físico, e incluso llegar producir la muerte de la víctima. Cuando de
violencia de género se trata, y la violencia llega a tal punto de intensidad de arrebatar la vida de la mujer, el caso se conoce
como femicidio. El término femicidio es derivado del concepto ‘femicide’ acuñado por Diana Russel en 1976 que hacía
referencia al asesinato de carácter misógino de mujeres por los hombres. En este sentido, el femicidio se refiere a todas las
muertes violentas de mujeres -no cuales-sino son muertes que ocurren por motivos y lógicas distintas a los homicidios de un
hombre en mano de otro. (Carcedo, 2010, p. 19)
La siguiente forma de violencia refiere al maltrato psicológico, Garbarino, et al. (1989) definen aquello como “un ataque
realizado por un adulto sobre el desarrollo de la personalidad y de la competencia social del niño mediante un patrón de
conducta psicológicamente destructivo y que se manifiesta mediante cinco formas: rechazar, aislar, aterrorizar, ignorar y
corromper” (p. 13). Este tipo de violencia psíquica no deja huellas palpables en el individuo, sin embargo, causa un severo
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Romero, Marcillo
daño en la mente del mismo. Las víctimas del maltrato psicológico usualmente también son afectadas por la violencia física,
pues se considera que la primera es un predictor para la segunda. Paradójicamente, la violencia psicológica es una de las
maneras de violencia menos examinadas y a la vez, probablemente la más sufrida (Safranof, 2017, p. 612).
Dentro del contexto de violencia de género, diversas investigaciones demuestran que la violencia psicológica está latente
y antecede al desarrollo de una conducta físicamente violenta en la pareja (Safranof, 2017, p. 612), en virtud de las leyes
ecuatorianas, el COIP sanciona al agresor psicológico en contra de la mujer con pena privativa de libertad que puede ir desde
los treinta días hasta los tres años dependiendo la magnitud del caso, sea este leve, moderado o severo (COIP, 2021, p. 60).
Además de los tipos de violencia antes mencionados, Araiza González (2016) reconocen dos modalidades de violencia de
género latentes en la sociedad en general: violencia económica o patrimonial y violencia simbólica (p. 138).
En primera instancia, el concepto de violencia patrimonial se refiere a “cualquier acto u omisión que afecte la
supervivencia de la víctima” (Flores Espejel, 2012, p.08). Este tipo de violencia engloba aquellas manifestaciones de hurto,
destrucción, retención de objetos materiales, documentación personal, bienes, capital o recursos económicos (tangibles e
intangibles) que son destinados para la satisfacción de necesidades de los individuos.
Algunas mujeres consideran que la violencia patrimonial de género ocurre constantemente dentro del sistema familiar
convencional donde el hombre tiene el control de la administración sobre el patrimonio de la familia (casa, negocios, dinero),
y esto ocasiona un estado de inseguridad, perjuicios, segregación, estado de dependencia y perpetuación de la subordinación
hacia las mujeres (Castillo, 2020, p.03).
En segunda instancia, López (2015) define la violencia simbólica como “un proceso a través del cual se desarrolla la
reproducción cultural y la naturalización de determinados comportamientos y valores” (p. 04). Dentro del contexto de la
violencia de género la violencia simbólica se refiere a un mal hábito adoptado por una sociedad mayoritariamente machista
que -consciente o inconscientemente- reproduce y transmite los mismos patrones que perpetúan la desigualdad de género.
Estudios Empíricos Sobre Pobreza Espacial y Violencia de Género
Un estudio desarrollado por Flores Sparks (2017) para la Universidad de Texas con sede en San Antonio (Nuevo
México), analizó la hipótesis de que las tasas de femicidio son preocupantemente más altas en las zonas con mayores niveles
de pobreza y en los lugares más alejados de las ciudades de México, en comparación con otras zonas cuyos índices de
pobreza son más bajos. La data respecto a la pobreza utilizada en este estudio fue proporcionada por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Policía de Desarrollo Social (CONEVAL), este organismo estima la pobreza con base en los niveles de
ingreso, y la información de homicidios proviene del Instituto Mexicano de Estadística y Geográfica (INEGI). El análisis fue
desarrollado mediante un modelo estadístico bayesiano en el que todas las variables son consideradas aleatorias, arrojó como
resultado que existe un agrupamiento geográfico significativo de los femicidios en México, y que los patrones espaciales
son persistentes en el tiempo. Adicionalmente, evidencia que la pobreza tiene una relación significativa con el riesgo de
mortalidad, consecutivamente se comprobó que la pobreza tiene una fuerte incidencia en aquellos lugares remotos que están
más alejados de las ciudades.
Por otra parte, Gracia Fuster et al. (2014) se centraron en el análisis de la epidemiologia espacial de la violencia de
género en la ciudad de Valencia, para ello se utilizó una considerable cantidad de covariables: estatus socioeconómico,
cantidad de población extranjera, número de familia (mujer + hijos), inestabilidad residencial, desorden físico, intensidad de
la actividad policial, superficie de solares, todo esto con el propósito de analizar la existencia de algún patrón significativo
en la distribución espacial de la violencia de género en los barrios de Valencia. En este estudio se utilizó una aproximación
bayesiana y una regresión de Poisson dio como resultado que la variable más significativa que vincula a los niveles
de violencia de género es el estatus socioeconómico, es decir, en los vecindarios más pobres son aquellos en los que
frecuentemente ocurre mayores casos de violencia de género.
La Universidad de Fudan en Shangai lideró otro estudio, el cual fue desarrollado por Beckwith et al. (2022), en este caso
se buscó identificar los factores relacionados con la perpetración de violencia, para ello se realizó un análisis sobre una muestra
de 5762 jóvenes que residen en áreas urbanas con alta pobreza de cuatro diferentes nacionalidades: Flanders – Belgica,
Shangai – China, Kinshasa – República Democrática del Congo, y Semarang – Indonesia. Las variables independientes que
se tomaron en cuenta para la regresión están asociadas con la perpetración de violencia, nivel de asociación entre familiares,
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Pobreza y violencia de género espacial
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vecindarios y compañeros, visualización de pornografía, consumo de alcohol, seguridad del vecindario, educación de los
padres, estas últimas siendo proxys del nivel de pobreza. Entre los resultados de la investigación se obtuvo que la probabilidad
de la perpetración de violencia disminuye cuando se tienen puntos de vista más igualitarios en las escalas de normas de
género, existen relaciones familiares más estrechas, cuando los vecinos se cuidan unos a otros y el nivel de educación de los
padres es superior. En consecuencia, esta investigación concluye que existen similitudes sorprendentes entre las comunidades
de bajos ingresos y la perpetuación de la violencia.
Anushka et al. (2022) llevaron a cabo otra investigación para el departamento de psicología de la Universidad de
Tulsa en la pretendía describir la adaptación, validación, y los resultados del cuestionario de trauma de Harvard (HTQ) y el
cuestionario acerca del estrés (PCL-5) incorporado para mujeres indias de barrios marginales que denuncian violencia de
género. Dicho estudio utilizó el marco de adaptación propuesto por desarrolladores del HTQ, y se puso en práctica en 111
mujeres hindús de barrios marginales, a través de entrevistas cara a cara con la finalidad de observar factores estresantes,
propiedades psicométricas y expresiones idiomáticas.
En los principales hallazgos de la investigación se obtuvo que el 77 % de mujeres afirmaron que fueron o son víctimas
de violencia física, mientras que el 28,8 % de mujeres informaron la infidelidad como el principal abuso emocional. Por
último, el 18 % de las mujeres informó haber recibido contacto sexual no deseado. Los resultados de este estudio sugieren
que la violencia de género se intensifica en aquellos vecindarios donde los individuos son propensos a carecer de algunas
necesidades básicas: agua potable, alcantarillado, etc. Además, en el aspecto social, estos vecindarios tienden a descuidarse
los unos a otros, prevalece el egoísmo sobre la empatía y colaboración, esto acentúa la tendencia a la violencia.
3
Métodos y Técnicas
La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, no experimental longitudinal, dado que se recopilaron
datos de los años de estudio en diferentes puntos del tiempo con relación a las variables de la violencia de género y pobreza.
También, la investigación combina un alcance correlación descriptivo, y por último se utilizó los métodos: inductivo-
deductivo, analítico-sintético, y el estadístico-matemático. Para la programación y modelado de los datos se incurrió al uso de
la estadística espacial con el fin de obtener información acerca de la intensidad, distribución y asociación de las variables.
Para modelar la relación entre la violencia de género y la pobreza a nivel espacial se utiliza la técnica de análisis
exploratorio de datos espaciales (AEDE), esta consiste en realizar el cálculo del índice de Moran que nos arroja un reporte
de autocorrelación espacial que va entre -1 a 1; siendo -1 correlación negativa perfecta y 1 correlación positiva perfecta. De
esta forma, el test global de Moran evalúa si un conjunto de objetos (provincias) y una característica asociada (violencia de
género/pobreza por ingresos) presentan un patrón, el cual puede ser agrupado, disperso o aleatorio. Para el desarrollo de este
se crearon objetos espaciales con el respectivo peso y vecinos de cada provincia dentro del software R.
Al hacer uso del test de Moran se pretende efectuar un análisis espacio temporal de conglomerados que permita explicar
la violencia de género y pobreza en las provincias del Ecuador. Dicho test presenta la siguiente estructura:
n
n n
X X Wij ZiZj
I =
S
Pn
0
Z2
i=1 j=1
k=1
k
Donde:
n
n
X X
S0 =
Wij
i=1 j=1
Es la sumatoria de los elementos de la matriz de pesos , mientras que z son las observaciones estándar de la media y Xi
es el valor de la variable de una unidad espacial y Xj es el valor de los vecinos de Xi. Simplificando dicha ecuación se la
puede expresar como:
n
Zi X
Ii = (
)
WijZj
m2 j=1
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Romero, Marcillo
Donde m2 es la varianza y Z son las desviaciones de la observación con respecto a la media (xi − x) ó (xi − x), según
corresponda.
Para determinar la correlación espacial entre la pobreza y la violencia de género se aplicó el test de Moran bivariado, esto
resulta de considerar los vecinos de una variable complementaria. La formula del test Moran bivariado presenta la siguiente
estructura:
P (P )W
i
j
ij Yj Xi
IB =
P
X2
i
i
La lógica del índice bivariado se puede resumir en 4 puntos: i) la unidad de análisis central está determinada por la
variable 1, ii) la unidad central ahora estará relacionada con vecinos de la variable secundaria, iii) el índice calculado permite
identificar el patrón espacial de la primera variable, y iv) los criterios de vecindad aplicados son iguales a los que ya han sido
presentados (Siabato W. y Manrique J, 2019, p.12).
4
Datos y Análisis Descriptivo
Los datos para el presente estudio se obtuvieron de la ENEMDU, encuesta realizada por el INEC, y los registros
administrativos del Consejo de la Judicatura. La recolección de datos de pobreza a nivel provincial (exceptuando Galápagos)
que se obtuvo corresponde al periodo 2015 – 2019 y el 2021 , misma que consta en el repositorio digital del INEC.
Previo al procesamiento de los datos, se clasificaron las categorías de los delitos de violencia de género que agrupa
las siguientes infracciones: violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, violencia psicológica contra
la mujer o miembros del núcleo familiar, violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, acoso sexual,
abuso sexual y violación. Para la clasificación de las resoluciones de los casos de violencia de género se utilizó el criterio
del “estado” de estos; es decir, se consideraron dos grupos: casos archivados y casos resueltos. En la primera categoría se
incluyeron los siguientes estados de los casos que se quedaron sin efecto: abandono del recurso, archivo, archivo de indagación
previa, archivo de la causa, archivo del proceso, desistimiento del pedido de formulación de cargos, desistimiento del recurso.
Mientras que en la segunda clase están inmersos los siguientes estados: providencia general, resolución, resolución apelación
de prisión preventiva, resolución motivada de llamamiento a juicio, sentencia, sentencia condenatoria, sentencia condenatoria
y ratificatoria de inocencia, sentencia ratificatoria de inocencia.
Figura. 1. Violencia de género por provincias y años.
Nota: Esta figura muestra 8 mapas de colores degradados que corresponden a los casos de violencia de género
ocurrido en cada provincia (excepto Galápagos) durante el periodo 2015 – 2019 y 2021, estos colores se intensifican
dependiendo del incremento de número de casos de violencia. Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la
Judicatura.
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Pobreza y violencia de género espacial
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En este fragmento del artículo se realiza una breve descripción de los primeros hallazgos encontrados en la investigación
con la finalidad de entender la evolución de las principales variables e indicadores. En este sentido, el orden corresponde
a: 1) Casos de violencia de género , 2) Tiempo de procesamiento de la denuncia. En el año 2015 se presenta un número
moderado de casos de violencia de género en 20 de las 23 provincias del Ecuador continental, dentro de estas 20 provincias
ocurre un aproximado de 5 a 168 casos de violencia. Las otras 3 provincias corresponden a Azuay, Pichincha, y Guayas.
Específicamente Azuay se encuentra en el segundo rango más alto (168 a 479), seguido de Pichincha donde los casos oscilan
entre 969 a 1821. Finalmente, se tiene a Guayas con casos que van desde 1821 a 3812. Para el año siguiente, los casos de
violencia de género disminuyeron, de modo que todas las provincias se ubican en el rango más bajo (5 a 168), exceptuando
Pichincha que mantenía entre 479 a 969 casos de violencia de género.
Para el año 2017, se evidencia un ligero incremento en el número de casos de violencia de género (168 a 479) en las
provincias de Guayas, Azuay y Chimborazo, mientras que en el resto de las provincias el número de casos fue el mismo
del año anterior. Posteriormente, en el 2018 se registró un incremento en Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, El Oro, Loja y
Guayas, las primeras cinco provincias pasaron a tener casos entre 168 a 479, mientras la última pasó a tener entre 479 a 969
casos; el resto de las provincias se mantienen en el mismo rango del año anterior. Para el año siguiente, se intensificaron la
cantidad de casos de violencia de género en la provincia de Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Bolívar, Tungurahua, Morona
Santiago, Azuay y Loja, mientras que el resto de las provincias se mantuvieron con el mismo rango del año anterior.
En el año 2020, las provincias de Azuay e Imbabura registraron un descenso en el número de casos de violencia de género
con respecto al año anterior, mientras que la única provincia que intensificó la cantidad de casos fue Manabí, en el resto de
las provincias se mantuvo el mismo rango del 2019. Luego, en el año 2021, la provincia de Imbabura, Santo Domingo, Los
Ríos, Cañar y Orellana pasaron del rango de 5 – 168 a 168 – 479 casos de violencia de género, así mismo se muestra un
incremento en el rango de casos en las provincias de Pichincha y Guayas de 479 – 969 a 969 – 1821; el resto de las provincias
se mantuvieron en el rango de casos de violencia de género del año anterior. Finalmente, para el 2022 se redujeron los casos
de violencia de género en la provincia de Esmeraldas, Cañar y Orellana, y el resto de las provincias mantuvieron los niveles
del año anterior.
Figura. 2. Tiempo de resolución de los casos de violencia de género (en días) por provincia
Nota: Esta figura muestra 8 mapas de colores degradados que corresponden a los días necesarios para resolver los
casos de violencia de género ocurrido en cada provincia (excepto Galápagos) durante el periodo 2015 - 2022, estos
colores se intensifican dependiendo del incremento de número días. Elaboración: propia con base a datos del Consejo
de la Judicatura.
En el año 2015 solo tres provincias del Ecuador continental tuvieron eficiencia en el marco legal para resolver los
casos de violencia de género en menos de 89 días, estas son: Carchi, Santo Domingo y Zamora Chinchipe. Luego le siguen
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Romero, Marcillo
9 provincias en las que resolver los casos de violencia de género tomo entre 89 a 144 días, estas son: Manabí, Pichincha,
Imbabura, Los Ríos, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Azuay y El Oro. Posteriormente, se encuentran 8 provincias en
las que los casos de violencia de género se demoran desde 144 a 222 días en resolver, siendo estas: Esmeraldas, Santa
Elena, Guayas, Cañar, Bolívar, Loja, Pastaza y Morona Santiago. Finalmente, están 3 provincias del Oriente Ecuatoriano
como son Sucumbíos, Napo y Orellana en las que los casos de violencia de género toman desde 222 a 377 días en ser resueltos.
Para el siguiente año en las provincias de Esmeraldas, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe, Cañar, Bolívar, y Guayas se
evidencia una disminución de los días necesarios para resolver los casos de violencia de género con respecto al año anterior,
mientras que las provincias restantes se mantienen en los mismos niveles. En el año 2017, en las provincias de Esmeraldas,
Sucumbíos, Bolívar, Orellana y Morona Santiago se presenta un incremento en los días necesarios para la resolución de casos.
Por otro lado, las provincias que disminuyeron los días promedio son Guayas, Cotopaxi, Sucumbíos, Napo y Pastaza. El resto
de las provincias se mantienen en los mismos rangos del año anterior. Para el año 2018, los días necesarios para resolver los
casos de violencia de género se vieron en aumento con respecto al año anterior en la provincia de Esmeraldas, El Oro, Azuay,
y Los Ríos; no obstante, disminuyeron en la provincia de Sucumbíos, y en las provincias restantes se mantuvieron. El 2019
se puede decir fue el año más ineficiente en el sistema judicial ecuatoriano, pues los días necesarios para resolver casos de
violencia de género se vieron en aumento en 12 de las 23 provincias del Ecuador continental: Esmeraldas, Manabí, Guayas,
Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Sucumbíos, Napo y Morona Santiago, mientras que,
la única provincia que disminuyo los días fue Orellana, y el resto se mantuvo en los mismos niveles. Para el siguiente año el
panorama lucio mejor pues los días necesario para resolver los casos de violencia de género disminuyeron en la provincia de:
Manabí, Santa Elena, Cotopaxi, Tungurahua, Morona Santiago y Orellana. Mientras que solo se incrementó en Bolívar, y el
resto de las provincias se mantuvo igual.
En el año 2021, los días para resolver los casos de violencia seguían en descenso en la provincia de Manabí, Santa
Elena, y Morona Santiago, a estas se sumaron Esmeraldas, Guayas, El Oro, Azuay, Los Ríos, Pichincha y Sucumbíos; en
tanto, el resto de las provincias se mantuvo igual dado que no incremento en ninguna. Finalmente, para el año 2022, en todo
el territorio ecuatoriano continental los días para resolver casos de violencia de género se reducen a menos de 90 días.
La figura 3 muestra el número total de casos de violencia de género del periodo comprendido entre 2015 – 2022
estandarizado por cada 100000 mujeres asentadas en su respectiva provincia. En este sentido, se puede observar que la
provincia que presenta mayor cantidad de casos de violencia de género (entre 1351 a 3359) por cada 100000 mujeres habitantes
es Sucumbíos. A continuación, se observa que Morona Santiago, Chimborazo y Bolívar presentan entre 928 a 1351 casos de
violencia de género por cada 100 mil mujeres, luego se encuentra Orellana, Pastaza, Loja y Esmeraldas que tienen una tasa
entre 651 a 928 de casos de violencia de género.
Figura. 3. Tasa de casos de violencia de género del año 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
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Pobreza y violencia de género espacial
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Las provincias que muestran tasas menores (entre 378 a 651 por cada 100 mil mujeres) son Guayas, El Oro, Zamora
Chinchipe, Azuay, Cañar, Tungurahua, Napo, Pichincha, Imbabura y Carchi. Finalmente, aparecen las provincias con las
tasas más bajas de violencia de género que son: Santa Elena, Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi y Los Ríos.
A continuación, la figura 4 muestra la distribución del estado de los casos de violencia de género para el año 2022. El
mapa de la izquierda presenta la cantidad de casos de violencia de género que no tuvieron resolución alguna. En este sentido,
se muestra que 9 provincias tuvieron la menor cantidad de casos archivados, en las que se puede asumir que existe un eficiente
sistema jurídico. De la misma manera 4 provincias archivaron entre 1 a 3 casos, y la misma cantidad archivados entre 3 a 6
casos. Luego, 3 provincias archivan entre 6 a 8 casos y finalmente resalta la provincia de Chimborazo que archiva entre 8 a
17 casos en el 2022.
Por otra parte, el mapa de la derecha muestra la cantidad de casos de violencia de género resueltos en el año 2022, donde
resalta la provincia de Pastaza con la mayor cantidad de casos resueltos de 46 a 125, seguida de Santo Domingo y Los Ríos que
resolvieron una cantidad entre 33 a 46 casos. Posteriormente se encuentra Sucumbíos, Santa Elena, Napo y Morona Santiago
donde se resolvió de 20 a 33 casos, luego está la provincia de Carchi, Imbabura, Manabí, Guayas, Cotopaxi, Chimborazo,
Azuay, Loja y Orellana en las que se resolvió entre 60 a 20 casos.
Figura. 4. Estado de los casos de violencia de género del 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
5
Resultados y Discusión
Al considerar la tasa total de violencia de género por provincia durante el período 2015-2022, el índice de Moran indica
que no existe autocorrelación espacial, esto debido a que el p-value es 0.542 (Tabla 1.). En este sentido, no se rechaza la
hipótesis nula de que existe independencia espacial y se puede mencionar que los datos presentan patrones aleatorios en la
distribución. Dado este resultado, se procedió a realizar este test por cada año, de modo que para el año 2022 se encontró que
sí existe autocorrelación espacial (Tabla 2) tanto para la variable violencia de género como para la pobreza por ingresos, la
cual se explica más adelante.
Tabla. 1. Resultados del test de Moran de la tasa total de violencia de género
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
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Romero, Marcillo
Tabla. 2. Resultados del test de Moran la tasa de violencia de género en el año 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
El resultado del test de Moran indica que para el año 2022 (Tabla 2) no existe independencia espacial, debido a que el
p-valor es estadísticamente significativo (0.031), ubicándose por debajo de 0.05. Entonces, se puede decir que la violencia de
género presenta cierto grado de autocorrelación espacial al analizar los datos a nivel provincial en Ecuador. No obstante, es
preciso mencionar que dicha autocorrelación espacial positiva de los casos de violencia de género es débil (0.11).
Figura. 5. Diagrama de dispersión de Moran de la violencia de género 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
En la Figura 7 se presenta el mapa correspondiente al diagrama de dispersión de Moran, el cual se compone de una línea
sólida de forma horizontal que indica el valor del índice de Moran, esto es, la medida global de autocorrelación espacial de
la violencia de género en Ecuador en el año 2022. Como se mencionó anteriormente, el estadístico de Moran es muy cercano
a “cero”, por lo que no se puede descartar que existe independencia espacial en los datos; sin embargo, vale mencionar que
Sucumbíos y Orellana ejercen una alta influencia de la violencia a nivel espacial.
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Tabla. 3. Resultados del test de Moran de la pobreza promedio entre 2015 – 2022
Elaboración: propia con base a datos de la encuesta ENEMDU
El test de Moran aplicado a la pobreza promedio en el período analizado, muestra que existe autocorrelación espacial
puesto que se rechaza la hipótesis nula de independencia espacial (0.01843). La prueba indica que el estadístico alcanza el
valor de 0.217 por lo que se infiere que la correlación es positiva pero débil. En la gráfica 9 se presenta el diagrama de
dispersión de Moran, en la cual destaca la provincia de Napo, por ejercer una alta influencia de la pobreza promedio a nivel
espacial.
Figura. 6. Diagrama de dispersión de Moran de la pobreza promedio entre 2015 – 2022
Elaboración: propia con base a datos de la encuesta ENEMDU
Ahora bien, al realizar la prueba global de Moran respecto a la pobreza por ingresos del año 2022, se refleja que los datos
no se distribuyen aleatoriamente por lo que existe correlación espacial (Tabla 4). Esto se puede evidenciar en el p-value del
test que resulta ser de 0.004, pero al observar el indicador de Moran (0.28) se evidencia que esta correlación es ligera. En la
figura 7 se refleja que los datos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de línea sólida, aunque no están agrupados de
forma masiva, tampoco se encuentran distribuidos de forma aleatoria, lo que concuerda con el resultado de Moran que indica
una ligera correlación espacial entre los datos de pobreza. Además, se constata que las provincias de Orellana y Napo ejercen
una alta influencia de pobreza a nivel espacial.
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Tabla. 4. Resultados del test de Moran de la pobreza 2022
Elaboración: propia con base a datos de la encuesta ENEMDU
Figura. 7. Diagrama de dispersión de Moran de la pobreza 2022
Elaboración: propia con base a datos de la encuesta ENEMDU
Como se mencionó en el apartado anterior, posterior al análisis global de autocorrelación espacial, se procede a aplicar
el test de autocorrelación espacial a nivel local (LISA). El propósito de ello es identificar agrupamientos o clústeres espaciales
que poseen valores similares, es así que la figura 8 muestra dos mapas en el que se representa el valor del test local moran de
la tasa de violencia de género, y el nivel de significancia del mismo para cada provincia. En el mapa de la izquierda se puede
observar las provincias con el respectivo valor del estadístico local moran, y entre ellas resaltan aquellas provincias que se
comportan de forma muy similar a sus vecinos, entre estas se observa a Orellana (casos de violencia de género altos), que
tiene el valor más alto entre 1.0 a 1.2.
De forma contraria resaltan las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Morona Santiago,
como aquellas áreas que se comportan diferente a sus vecinos, también denominados como puntos calientes (los valores del
estadístico local moran son negativos). Empero, no todas las provincias resultan ser significativas según el p-value del mapa en
el lado derecho, de hecho, son solo las provincias Carchi, Napo y Orellana las que resultan significativas, y Carchi se comporta
de manera diferente a sus vecinos, a diferencia de las otras.
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Figura. 8. Mapa de moran local de la violencia de género en el año 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
Respecto al I de moran local de la pobreza por ingresos (Figura 9), si se considera solo aquellas provincias que resultan
significativas, se observa que las provincias de Guayas, Cañar, El Oro, Orellana y Pastaza alcanzan un valor positivo del
estadístico local de Moran (clústeres); es decir, existen índices de pobreza por ingreso muy similares (altos). Mientras que la
provincia de Tungurahua es la única que presenta un valor negativo, de modo que el índice de pobreza por ingresos de esta
área es diferente al de sus vecinos (bajos).
Figura. 9. Mapa de moran local de la pobreza por ingresos en el año 2022
Elaboración: propia con base a datos de la encuesta ENEMDU
A continuación, se presenta el mapa del clúster LISA para la tasa de violencia de género (Figura 14) y el índice de pobreza
por ingreso (Figura 15) en el año 2022. Lo que le diferencia respecto al test de Moran local es que se definen 5 agrupaciones,
tal como se explicó en la metodología. De esta forma, respecto a la primera variable, se encontró que tan solo la provincia de
Orellana resulta ser significativo describiendo altas tasas de violencia de género, y que sus vecinos comparten esta tendencia.
Finalmente, el resto de las provincias no guardan ningún nivel de significancia para realizar dicho análisis.
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Figura. 10. Mapa de los clústeres LISA de la violencia de género en el año 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura.
Figura. 11. Mapa de los clústeres LISA de pobreza en el año 2022
Elaboración: propia con base a datos de la encuesta ENEMDU
Respecto a la segunda variable (Figura 15), se identifican 3 clústeres LISA puesto que la mayoría de provincias resultan
no significativas. El primer grupo lo conforman las provincias de Orellana y Pastaza, indicando que tienen altos niveles de
pobreza al igual que sus vecinos. El segundo grupo, lo constituye Guayas, que posee un índice bajo de pobreza por ingresos,
pero sus vecinos presentan valores alto de pobreza. El último grupo lo conforma la provincia de Tungurahua, que posee bajos
niveles de pobreza, al igual que sus vecinos.
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Pobreza y violencia de género espacial
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Considerando que, para efectos del presente análisis, es relevante conocer o determinar la existencia de correlación entre
las variables de estudio durante el período 2015-2022 , se procede a calcular el índice de Moran bivariado el cual arroja como
resultado lo siguiente:
Tabla. 5. Resultados del test de Moran bivariado 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura y la encuesta ENEMDU.
El resultado del moran test bivariado arroja un p-value ligeramente mayor al valor de significancia (0.0775), de modo
que se encuentra en el límite para no rechazar la hipótesis nula de que no existe correlación espacial entre la violencia de
género y la pobreza en las provincias del Ecuador durante el año 2022. No obstante, el valor del estadístico 0.7746 indica que
existe una correlación medianamente fuerte, de modo que se realizará la gráfica con los clústeres LISA.
Siguiendo la línea del análisis anterior, en la gráfica 12 se muestra el mapa de los clústeres LISA tomando en cuenta los
datos del año 2022, observándose 1 clúster, conformado por las provincias de Orellana y Pastaza, donde preocupantemente se
encontró que existe una correlación positiva de altas tasas de violencia de género y altos niveles de pobreza.
Figura. 12. Mapa de los clústeres LISA bivariado: Violencia de género total y pobreza promedio del periodo 2022
Elaboración: propia con base a datos del Consejo de la Judicatura y la encuesta ENEMDU.
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Conclusiones
En este artículo se revisó la literatura acerca de la violencia de género hacia las mujeres en Ecuador, específicamente
este análisis pretende averiguar la relación de la pobreza en las provincias con los casos de violencia de género en las mismas.
A partir del conjunto de datos, se evidencia que gran parte de estos casos se concentran en las provincias más grandes, o más
habitadas, como es el caso de Guayas y Pichincha. Sin embargo, al calcular las tasas de los casos de violencia, en relación
con la población de mujeres por provincia, se concluye que aquellas provincias consideradas más pobres (como es el caso de
las provincias del Oriente) agrupa mayores niveles de violencia.
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Dados los resultados de las pruebas aplicadas, y con el apoyo de la bibliografía recurrida se concluye que la pobreza es un
factor endógeno que, sí se relaciona con los niveles de violencia de género, encontrando patrones en los espacios geográficos,
aunque esta correlación es débil. Si bien en la literatura revisada se proponen modelos complejos y se evidencia una fuerte
correlación entre ambas variables, este estudio busca efectuar un análisis exploratorio, sin incorporar otras covariables ni el
factor tiempo.
Resulta importante destacar las diferencias encontradas en los análisis realizados en diferentes periodos; por un lado,
en el análisis bivariado y el moran test de las tasas de violencia de género del periodo 2015 – 2022 los resultados no
fueron significativos. Por otro lado, las pruebas realizadas para ambas variables que corresponden al año 2022 resultaron
significativas.
Contrastando la versión del estudio de la pobreza y los femicidios en los municipios de México realizado por Flores
y Sparks (2016), en conjunto con los resultados arrojados por las distintas pruebas estadísticas realizadas de la presente
investigación, se deduce que las provincias del Ecuador poseen la misma tendencia que otros espacios geográficos del mundo,
en los que la pobreza conlleva cierto grado de violencia influyendo de la misma manera en comunidades aledañas.
7
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