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de la gobernanza pública.
Desde una perspectiva institucional, el control interno se constituye como un elemento primordial para el fortalecimiento
de la eficiencia y eficacia operativa, promueve la transparencia y la responsabilidad administrativa. El cumplimiento de la
normativa constituye un factor importante para la reducción de fraudes y errores, al establecer lineamientos que orientan
el adecuado desarrollo de los procesos institucionales. Esta condición fortalece la rendición de cuentas, reduce los riesgos
asociados a la gestión administrativa, asegura el cumplimiento de las políticas institucionales y contribuye al fortalecimiento
de la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía.
En concordancia con este enfoque el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO,
2023) elaboró el documento .Achieving Effective Internal Control Over Sustainability Reporting (ICSR)”, el cual amplia la
aplicación del marco del control interno de 2013 hacia los reportes de sostenibilidad (ESG),en este documento explica cómo
aplicar los cinco componentes establecidos en COSO I (1992) y desarrollados en el COSO III (2013), dentro de un contexto
relacionado con la información no financiera, de la misma manera se ratifican y explican con mayor detalle los conceptos del
marco original, enfatizando como uno de sus primordiales cambios la incorporación de los 17 principios fundamentales que
orientan la implementación y evaluación del sistema de control interno.
En este contexto, el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y
comunicación y la supervisión y monitoreo, permiten identificar y reducir riesgos de forma oportuna y apoyan al
cumplimiento de los objetivos institucionales, de esta manera, se busca alcanzar una gestión más ordenada, transparente y
confiable en el desarrollo de las actividades para responder a los desafíos del entorno organizacional.
El modelo COSO ha sido ampliamente adoptado como referente internacional para el diseño y evaluación de sistemas
de control interno; sin embargo, diversos estudios advierten que su efectividad no depende solo de la presencia de sus
componentes, ya que los resultados asociados a su aplicación se encuentran vinculados con la capacidad de las instituciones
para incorporarlos dentro de sus procesos de gestión. Desde esta perspectiva, la implementación del modelo no garantiza por
sí solo mejoras en la transparencia o en la eficiencia organizacional, debido a que también intervienen factores relacionados
con el compromiso institucional, las capacidades técnicas disponibles y la integración de los mecanismos de control en las
actividades diarias.
Bajo este enfoque, la Contraloría General del Estado (CGE, 2023), conforme al Acuerdo No. 004-CG-2023 expidió
las Normas de Control Interno aplicables para las entidades y organismos del sector público y de las personas jurídicas
de derecho privado que administren recursos públicos, estas normas fueron reformadas a través de los acuerdos N°.
023-CG-2025 y No. 077-CG-2025, publicados en los suplementos del Registro Oficial correspondientes. Dentro de este
marco normativo el componente ambiente de control representa un rol determinante, debido a su incidencia en la ejecución
de las actividades institucionales, la definición de objetivos y la identificación de riesgos que pueden afectar la gestión
institucional, manteniendo una relación estrecha con el funcionamiento de los sistemas de información y los mecanismos
de seguimiento; por ello, la autoridad competente debe definir por escrito directrices claras de comportamiento y medidas
de control orientadas al cumplimiento de los objetivos de la institución, promoviendo un entorno de confianza basado en la
seguridad, integridad, competencia y honestidad del personal. Del mismo modo, resulta necesario fortalecer el sistema de
control interno mediante la incorporación de elementos como la ética y la transparencia, la planificación institucional, las
directrices de recursos humanos, la asignación de funciones y responsabilidades, la formación y la capacitación profesional
del personal, el cumplimiento de normas internas y la intervención de la unidad de auditoria financiera.
Dentro de este proceso, la forma en que se aplica el control dentro del sector público se desarrolla en tres momentos,
previo, continuo y posterior, los cuales deben ser aplicados por cada entidad pública para asegurar un manejo responsable
de los recursos. El control previo se efectúa antes de ejecutar los actos administrativos y permite verificar su legalidad y si
está relacionado con lo que realmente se quiere hacer; el control continuo es el seguimiento que se hace a las obras, bienes y
servicios mientas se está ejecutando, esto ayuda a ver cómo avanza los trabajos y si existiera algún problema poder corregirlo
a tiempo y el control posterior se aplica cuando las operaciones han terminado y permite analizar los resultados obtenidos,
en conjunto, estos tres momentos forman parte del control y ayudan a mejorar el trabajo en el sector público y en conjunto
permiten organizar mejor las actividades, apoyar la toma de decisiones y cumplir los objetivos de la institución. Todo este
enfoque se sustenta en concordancia a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el segundo
suplemento del registro oficial No. 595 del 12 de junio 2002, junto con su reforma publicada en el Segundo Suplemento del
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