Artículo Científico. Revista Académica Decisión Gerencial.
Vol. 5, No. 11, pp.
52-68, Enero-Junio, 2026.
ISSN:2953-6391
Edición Semestral.
RIQUEZA NATURAL, POBREZA PERSISTENTE:
INSTITUCIONES, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA.
NATURAL WEALTH, PERSISTENT POVERTY:
INSTITUTIONS, PUBLIC POLICIES, AND DEVELOPMENT IN
THE ECUADORIAN AMAZON
Juan Pablo Velín Cortés
1
*,
jpvelin@hotmail.com ORCID 0009-0006-8262-4328
Recibido: 27-ago-2025, Aceptado: 08-dic-2025, Publicado: 01-ene-2026
Resumen
La Amazonía ecuatoriana ejemplifica la paradoja de la abundancia, donde la coexistencia de vastos recursos naturales con
elevados índices de pobreza multidimensional revela profundas disfuncionalidades estructurales. En el 2018 se aprueba la ªLey
para la Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica”, que en teoría permite recibir más ingresos económicos
provenientes de la explotación de recursos naturales (petróleo, minería, hidroeléctricas) para promover el desarrollo sostenible
e integral de la Amazonía. Entre 2017 y 2024, la explotación petrolera, minera e hidroeléctrica generó rentas que aportaron
significativamente al presupuesto nacional; sin embargo, provincias como Orellana y Morona Santiago al igual que las
restantes de la región amazónica mantienen los niveles de pobreza más altos del país. Este estudio, examina la interacción
entre riqueza extractiva, calidad institucional y políticas públicas.
Palabras clave: Amazonía ecuatoriana, calidad institucional, Paradoja de la abundancia, políticas públicas,
recursos naturales.
Abstract
The Ecuadorian Amazon exemplifies the resource curse, where the coexistence of vast natural resources with high levels of
multidimensional poverty reveals deep structural dysfunctions. In 2018, the ªLaw for the Planning of the Amazon Territorial
Circumscription” was enacted, which in theory enables greater economic revenues from the exploitation of natural resources
(oil, mining, hydroelectric power) to promote the sustainable and comprehensive development of the Amazon. Between 2017
and 2024, oil, mining, and hydroelectric exploitation generated revenues that contributed significantly to the national budget;
however, provinces such as Orellana and Morona Santiago continue to register the highest poverty levels in the country. This
study examines the interaction between extractive wealth, institutional quality, and public policies.
Keywords: Resource curse, institutional quality, public policy, natural resources, Ecuadorian Amazon.
1
Universidad Andina Simón Bolivar
Riqueza natural, pobreza persistente 53
1 Introducción
En América Latina y particularmente en los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) persiste una disonancia
entre la abundancia de recursos naturales (petróleo, cobre, oro, agua y biodiversidad) y los altos niveles de pobreza, fenómeno
ampliamente reconocido como paradoja de la abundancia. En 2024, los ingresos petroleros del Sector Público No Financiero
(SPNF) estuvieron influenciados por una combinación de mayores volúmenes exportados y una moderada recuperación en
los precios internacionales, aunque sin alcanzar los niveles excepcionales observados en 2022. El total de ingresos petroleros
ascendió a USD 14.839 millones, de los cuales USD 9.406 millones fueron por exportación de crudo y 5.433 por la venta
de derivados (SPNF, 2024). Pese a ello, las provincias amazónicas registran tasas de pobreza multidimensional superiores al
promedio nacional: Orellana (90,6 %), Morona Santiago (84,1 %), Napo (79,2 %), Sucumbíos (67,0 %), Pastaza (64,4 %), y
Zamora Chinchipe (55,2 %) (INEC, 2024).
Esta contradicción evidencia un desacople estructural entre la generación de rentas extractivas y su traducción en
bienestar territorial en la Amazonía. La literatura sugiere que dicho desacople puede estar mediado por fallas de calidad
institucional y por diseños e implementación de políticas públicas que no logran orientar de manera eficiente y equitativa las
rentas hacia la diversificación productiva y la reducción de privaciones.
La brecha de conocimiento radica en la falta de análisis integrados,comparativos y longitudinales que cuantifiquen el
vínculo entre a) magnitud y destino de las rentas extractivas, b) calidad institucional (capacidad, transparencia y coordinación
intergubernamental) y c) resultados en pobreza multidimensional a escala regional. En este contexto, resulta pertinente
investigar cómo y en qué medida las instituciones y las políticas públicas median la conversión de riqueza natural en bienestar,
y por qué ese proceso ha sido sistemáticamente insuficiente en la región amazónica.
El objetivo busca explicar en qué medida la calidad institucional y el diseño/implementación de políticas públicas median
la relación entre las rentas extractivas y la reducción de la pobreza en las provincias de la Amazonía ecuatoriana. El objetivo
específico sintetizará la evidencia empírica sobre la relación entre rentas extractivas (petróleo, minería, y transferencias
asociadas) y la pobreza multidimensional, evaluando el papel moderador/mediador de la calidad institucional en la región
amazónica de Ecuador.
2 Marco teórico y antecedentes
2.1 Paradoja de la abundancia
Ante el problema de la maldición de los recursos naturales, se plantea la explicación en función de la menor o mayor
calidad institucional (Alssadek y Benhin, 2023). Los estudios sobre la calidad institucional y la maldición de los recursos se
han clasificado en dos grupos. El primero sugiere que los recursos naturales deterioran directamente la calidad institucional.
El segundo sostiene que la calidad de las instituciones determina el uso que se da a los ingresos provenientes de los recursos
naturales.
En el primer grupo, autores como (Leite y Weidmann et al. como se citó en Alssadek y Benhin, 2023), demostraron que
los recursos naturales podrían motivar a los políticos a participar en actividades no productivas, como la búsqueda de rentas
y la corrupción. Esto conduce a la provisión deficiente de bienes públicos y a una baja calidad de vida. El segundo grupo de
estudios argumenta que la calidad de las instituciones determina cómo se utilizan los ingresos provenientes de los recursos
naturales, lo que podría derivar en éxito o fracaso económico (Alssadek y Benhin, 2023). En esta línea, abordaremos dicho
planteamiento mediante la síntesis de algunas investigaciones empíricas que refuerzan este postulado.
La literatura económica reciente ha documentado el fenómeno conocido como ªparadoja de la abundancia”, según el
cual los países ricos en recursos naturales tienden a registrar un bajo desempeño económico. Sin embargo, no todos los
países con abundancia de recursos sufren este destino. En el artículo ¿Cursed by Resources or Institutions?, Mehlum et al.
(2006) sostienen que no son los recursos en sí mismos los responsables de la maldición, sino la calidad de las instituciones
que median su uso. Así, el debate sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo económico se traslada al terreno
institucional, abriendo nuevas perspectivas teóricas y empíricas.
La relación se la plantea entre ªcrecimiento económico, la abundancia de recursos y la calidad institucional” (Mehlum
et al., 2006, p. 1119). Las explicaciones que plantean son en base a la asignación de las rentas provenientes de los recursos
naturales. Estas rentas pueden canalizarse hacia la economía productiva o ser captadas por la élite para su enriquecimiento
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personal. Todo esto depende de la calidad de las instituciones. ªSe afirma que la calidad de las instituciones determina si la
abundancia de recursos naturales es una bendición o una maldición” (p. 1119).
Otro artículo que va en esa línea es el de Hassan et al. (2019), donde aborda un problema central en la economía política
del desarrollo: el efecto de la riqueza petrolera sobre el crecimiento económico en países en desarrollo, considerando el
papel de la calidad institucional. Mediante un modelo econométrico robusto y una muestra de ª35 países entre 1984 y 2016”
(p. 11), los autores exploran si los ingresos petroleros impulsan o inhiben el desarrollo, dependiendo del contexto institucional.
Los autores parten del debate en torno a la llamada maldición de los recursos naturales, que sugiere que una alta
dotación de recursos como el petróleo puede conducir a bajo crecimiento, inestabilidad y corrupción, en lugar de prosperidad.
Ejemplos como Nigeria o Venezuela refuerzan esta tesis, a pesar de sus vastas reservas petroleras son países que experimentan
pobreza e inestabilidad política. En contraste, países como Noruega o Botswana han logrado convertir sus riquezas naturales
en progreso, gracias a instituciones sólidas Hassan et al. (2019). En el fondo, desde el planteamiento de este estudio las
instituciones juegan un rol fundamental en el desarrollo económico.
Los autores desarrollan un modelo econométrico que permite observar la interacción entre la riqueza petrolera (medida
como renta del petróleo sobre el PIB) y la calidad institucional (compuesta por indicadores como corrupción, estabilidad
gubernamental, legalidad y rendición de cuentas). Los resultados de la investigación plantean que, en el corto plazo, los
ingresos derivados del petróleo muestran un impacto positivo y significativo sobre el crecimiento económico. Sin embargo,
este panorama cambia en el largo plazo, donde la relación entre riqueza petrolera y crecimiento se torna negativa en ausencia
de instituciones sólidas (Hassan et al. 2019).
Acemoglu y Robinson (2012) en su en su obra ªPor qué fracasan los países”, plantea como tesis central que la clave
de la prosperidad o el fracaso de un país radica en el tipo de instituciones políticas y económicas que desarrolla. Uno de los
ejemplos que colocan los autores para explicar los dos tipos de instituciones es la comparación entre las dos ciudades de
Nogales (Arizona-Sonora), divididas por la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque geográficamente idénticas y
culturalmente similares, muestran niveles de desarrollo drásticamente distintos.
Acemoglu y Robinson (2012) explican que las diferencias socioeconómicas entre las dos Nogales se deben a las
instituciones políticas y económicas que operan en cada país. En el lado estadounidense, los ciudadanos disfrutan de derechos
políticos, y servicios públicos, Estado de derecho, y protección a la propiedad privada. En contraste, en el lado mexicano se
enfrentan a un entorno de corrupción, inseguridad, y servicios deficientes.
(Robinson et al. 2006) proponen un modelo formal que integra economía política y teoría de la elección pública para
explicar por qué los booms de recursos pueden degradar o mejorar el desempeño económico según la calidad institucional.
El punto de partida es la constatación de que, en la práctica, los ingresos por recursos naturales se destinan al clientelismo
del sector público. Para los autores, la herramienta esencial de dicho clientelismo es el empleo público o favores especiales a
cambio de apoyo electoral (Weingrod 1968, como se citó en Robinson et al. 2006).
En suma, la literatura revisada converge en un diagnóstico rotundo: la calidad de las instituciones, sus reglas como la:
rendición de cuentas, méritos y límites a la discrecionalidad constituye el verdadero aporte que traduce la riqueza potencial
en prosperidad o, por el contrario, en estancamiento. El modelo de Robinson et al. (2006) demuestra que, ante un shock
de recursos, la decisión de emplear las rentas para ampliar redes clientelares o para invertir en bienes públicos depende de
los incentivos políticos que aquellas instituciones generan. Mehlum, et al. (2006) muestran que la misma dotación natural
puede impulsar o frenar el desarrollo según si las estructuras políticas recompensan la producción o la captura de rentas. En
conjunto, la evidencia señala que los recursos naturales no son una maldición ni una bendiciónes la arquitectura institucional
la que decide el signo de su impacto en el crecimiento económico y el desarrollo humano.
2.2 Instituciones
El Institucionalismo (Arias, 2008) es una corriente que surge a finales del siglo XIX y principios del XX en oposición
a la economía clásica. Esta escuela critica las nociones de racionalidad ilimitada y el enfoque individualista de los actores
económicos, proponiendo una perspectiva más holística en la que las instituciones desempeñan un papel central en el
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Riqueza natural, pobreza persistente 55
comportamiento humano y los procesos sociales.
ªEl institucionalismo pone al individuo en el centro de la atención, al tiempo que incorpora las reglas institucionales en
la explicación de las interacciones humanas, esto quiere decir, que los individuos viven en un contexto social e institucional,
que incide en su modelo mental subjetivo” (Arias, 2008, p. 38). Según DiMaggio y Powell las ªinstituciones no sólo son
limitaciones sobre la agencia humana; son primero y ante todo producto de las acciones humanas (1999). Es por esto que
las reglas según North (1993) se construyen mediante un proceso de conflicto y prueba. En otras palabras, existe una lucha
permanente entre actores, ideas, organizaciones que se expresan al crear y reformar las reglas del juego.
Cada vez se vive en sociedades más complejas, siendo de vital importancia el rol que desempeñan las instituciones,
esto porque las misma según (North, 1993) reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura estable, aunque no
necesariamente eficiente para la interacción humana. En términos económicos, esto significa que: establecen incentivos, que
definen quién puede hacer qué y cómo, lo que afecta directamente el comportamiento de los agentes económicos, y a su
vez repercuten en el campo social y político. Además, para que las instituciones funcionen, para que las reglas o limites
que se imponen sean aplicables necesitan de coerción. ªPor consiguiente, una parte esencial para el funcionamiento de las
instituciones es lo costoso que resulta conocer las violaciones y aplicar el castigo” (p.14).
(North, 1993) sostiene que las instituciones afectan los costos totales de operar en una economía porque afectan dos
áreas: la primera son los costos de transacción que es hacer cumplir contratos, negociar, monitorear el comportamiento,
resolver disputas, etc. Las instituciones por su parte reducen estos costos si son claras, justas y bien aplicadas. Por el contrario,
aumentan si son ineficientes, ambiguas o corruptas. La segunda son los costos de transformación (producción), que son los
costos necesarios para convertir insumos en productos, por ejemplo: un sistema legal ineficiente puede encarecer la inversión
en tecnología, la corrupción o el favoritismo pueden desincentivar la innovación (p. 16).
La existencia y naturaleza de las instituciones determinan el marco dentro del cual se toman las decisiones económicas.
Este marco condiciona la eficiencia de los intercambios, la asignación de recursos, la evolución del desempeño económico
a lo largo del tiempo. Acemoglu y Robinson (2012), plantea como tesis central que la clave de la prosperidad o el fracaso
de un país radica en el tipo de instituciones políticas y económicas que desarrolla. El núcleo del argumento descansa en
una distinción analítica crucial entre dos tipos de instituciones, las inclusivas y extractivas. Se Denominan instituciones
políticas y económicas inclusivas las que ªfomentan el crecimiento económico o pueden ser extractivas y convertirse en
impedimento para el desarrollo económico” (p. 106). ªSon extractivas porque tienen como objetivo extraer rentas y riqueza
de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto” (p. 98).
Las élites con poder político tienden a establecer instituciones económicas que refuerzan su control y excluyen a otros
actores sociales. Por tanto, el desarrollo económico inclusivo requiere una distribución amplia del poder político, donde
existan mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana y pluralismo. ªLas instituciones económicas inclusivas,
a su vez, se forjan sobre bases establecidas por las instituciones políticas inclusivas, que reparten ampliamente el poder
en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario.” (Acemoglu y Robinson, 2012, p. 105). Para estos autores la arquitectura
institucional se configura en función de quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Si los actores políticos y económicos
dominantes buscan preservar su poder y riqueza, tenderán a crear instituciones extractivas. En cambio, instituciones inclusivas
surgen cuando hay pluralismo político y competencia económica.
Al seguir profundizando en el marco conceptual es crucial diferenciar entre instituciones (reglas del juego) y
organizaciones (los jugadores del juego). Las instituciones establecen los límites de elección y los incentivos, las
organizaciones son los ªjugadores” que utilizan sus estrategias y capacidades para operar y competir dentro de ese marco
(North, 1993). En el marco o reglas de juego, cada actor u organización tiene intereses egoístas que se disputan entre sí para
lograr imponerse y mejorar sus condiciones para así ganar el juego. ªLos organismos incluyen cuerpos políticos (partidos
políticos, el Senado, el cabildo, una agencia reguladora), cuerpos económicos (empresas, sindicatos, ranchos familiares,
cooperativas), cuerpos sociales (iglesias, clubes, asociaciones deportivas) y órganos educativos (escuelas, universidades,
centros vocacionales de capacitación)” (p.15).
Las organizaciones, al ser los jugadores buscan ganar el juego bajo las reglas de juego (instituciones) que tienen a la
mano, por lo que por medio de diversas estrategias trataran de generar mecanismos que les permita controlar el juego. Sin
embargo, ªpor lo general al menos las reglas formales son creadas para servir a los intereses de aquellos que tienen el poder
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de negociación suficiente para desarrollar nuevas reglas” (DiMaggio y Powell, 1999, p. 23). Es decir, regresando a North las
instituciones no son creadas para ser eficientes socialmente ªmás bien estas instituciones, o cuando menos las reglas formales,
son hechas para servir los intereses de quienes tienen el poder de negociación para idear nuevas normas” (North, 1993, p. 29).
North (1993) aclara que la diferencia entre las reglas o instituciones formales e informales no es absoluta, sino de
grado. Plantea que es como un continuum que va desde los tabúes y costumbres (informales) hasta constituciones escritas
(formales). Esto muestra cómo las sociedades avanzan de formas tradicionales hacia estructuras más especializadas, con leyes
y contratos. Las reglas formales incluyen reglas políticas (y judiciales), reglas económicas, y contratos (p. 67). Estas a su
vez tienen una jerarquía y las que se encuentran en la cúspide son las más difíciles de cambiar como las constituciones. Las
reglas o limitaciones informales estructuran el comportamiento humano y son determinantes en la evolución institucional y
el desempeño económico. Estas limitaciones están fuertemente ligadas a la cultura, entendida como el conjunto de valores,
normas, creencias y conocimientos que se transmiten socialmente. Aunque son difíciles de observar y medir, no son simples
apéndices de las reglas formales; de hecho, pueden persistir incluso cuando cambian las leyes (North, 1993).
2.3 Políticas Públicas
Eslava (2010) profundiza en el papel de las instituciones las reglas formales e informales en la formación de las políticas
públicas. A grandes rasgos, el autor concibe la política pública como un proceso de toma de decisiones colectivas mediado
por arreglos institucionales, normas y valores que condicionan tanto a los actores individuales (ciudadanos, funcionarios,
grupos de interés) como a los órganos gubernamentales encargados de formular e implementar dichas políticas.
ªEs posible encontrar coincidencias en el marco constitucional y reglas institucionales que tienen el propósito de
brindar coherencia a los esfuerzos encaminados a la búsqueda del desarrollo de un territorio, sin embargo, los acuerdos para
una política pública específica estarán afectados por las decisiones particulares que resultan de la interacción propia del
subconjunto de actores e instituciones involucrados” (Eslava, 2010, p. 98).
Las políticas públicas están llenas de paradojas, de contradicciones y tensiones para que se acoplen y logren su cometido.
No basta con la existencia de leyes o decretos para que una política pública produzca cambios reales en la sociedad. En
muchos casos, los valores, creencias y hábitos colectivos es decir, las instituciones informales ejercen tanta o mayor influencia
que la normativa escrita. Por ello, analizar una política pública exige atender tanto a los aspectos jurídicos como a la cultura
política y las tradiciones que permean a la ciudadanía y a los propios funcionarios. Esto explica por qué muchas políticas, aun
bien diseñadas, no logran impactar de forma inmediata la realidad que pretenden corregir.
ª[...] Una política de lucha contra la pobreza puede incorporar componentes de la lógica de mercado [...] que se
fundamentan en la función distributiva de la acción gubernamental; pero también es preciso contar con la acción colectiva
inspirada en la motivación social de dar sin esperar (caridad, voluntariado, responsabilidad social) (p.99)”.
Desde la perspectiva neo-institucional, Eslava (2010) ªtiene en cuenta la influencia recíproca entre actores e instituciones”
(p. 98). Destaca que las instituciones no solo dependen de las acciones de los actores sociales, sino que a su vez las moldean.
Así, las políticas públicas, como producto de dichas instituciones, afectan a su vez la conducta y el posicionamiento de los
grupos de interés, generando dinámicas de poder que pueden favorecer o entorpecer la implementación de la política.
Esta reciprocidad entre instituciones y actores constituye uno de los argumentos clave del nuevo institucionalismo y
sugiere la imposibilidad de comprender las políticas públicas sin analizar su marco normativo y la forma en que, a su vez,
estas políticas influyen sobre dicho marco. Es por esto que ªlas instituciones se conciben no solo como variables dependientes
de la dinámica política, sino también como factores independientes que condicionan los fenómenos sociales y económicos
(p. 100).” El autor plantea que las instituciones no son simples entes normativos, sino estructuras dinámicas, históricas y
relacionales que determinan tanto los márgenes de acción como los resultados de las políticas públicas.
Para (Eslava, 2010), la interdependencia institucional no solo es estructural (instituciones que condicionan
organizaciones), sino también dinámica y bidireccional: las personas y las políticas públicas también retroalimentan
y modifican las instituciones. Así, ningún nivel actúa de forma autónoma o aislada, y el cambio institucional debe
comprenderse desde la interacción de estos cuatro niveles (p. 114). Por esto, la interdependencia institucional es una
condición constitutiva de las políticas públicas: no se puede comprender el éxito o fracaso de una política sin considerar el
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Riqueza natural, pobreza persistente 57
entramado de relaciones entre personas, organizaciones, instituciones y políticas públicas en distintos niveles. Esta perspectiva
relacional exige superar los análisis centrados en individuos aislados o normas estáticas, y abordar el campo de las políticas
como un espacio de cooperación, conflicto y mutua influencia estructurada.
Para articular la dinámica de la transformación institucional, se identifican tres órdenes de cambio que van desde ajustes
técnicos, hasta revoluciones paradigmáticas en la definición misma de los problemas de política. Como señala Fontaine
(2015), ªlos cambios de primer orden tienen que ver con la calibración de los instrumentos de políticas, los de segundo nivel
aluden a la creación de nuevos instrumentos o al experimento de nuevas formas de enfrentar problemas existentes, y aquellos
de tercer orden surgen cuando un gobierno sale con una nueva definición de los problemas de políticas, lo cual da una nueva
orientación a diferentes políticas sectoriales” (p. 22).
Los cambios de primer orden son interpretados como simples ajustes técnicos a los instrumentos vigentes, orientados
a optimizar su rendimiento sin alterar el marco institucional. Los de segundo orden implican el diseño o la prueba de
herramientas nuevas cuando las anteriores demuestran sus límites, reflejando un aprendizaje estratégico. Y los de tercer
orden suponen una reconfiguración profunda de los marcos cognitivos y de la autoridad política, al modificar las reglas
de juego institucional; su éxito depende tanto del peso de sus defensores como de la capacidad para incorporar esos
cambios en procedimientos y estructuras duraderas (Fontaine, 2015). La institucionalidad y las políticas públicas están
estrechamente relacionadas, ya que las políticas públicas representan herramientas concretas a través de las cuales los
gobiernos implementan, refuerzan o transforman las instituciones en una sociedad. Las políticas públicas se construyen
dentro del marco institucional existente, aprovechando las reglas y normas que estructuran el comportamiento económico y
social.
Una contribución central del artículo ªConceptualizaciones sobre políticas públicas” es la discusión de los enfoques
teóricos que explican el papel del Estado en la formulación de políticas. Los autores distinguen tres corrientes: perspectivas
estatocéntricas, que conciben al Estado como actor autónomo y decisor principal; enfoques societales, que entienden las
políticas como respuesta a demandas sociales; y enfoques mixtos, que enfatizan la interdependencia entre Estado y sociedad.
En esta última categoría se inscriben el neo-institucionalismo y la teoría de redes, al reconocer que las políticas emergen de
interacciones, negociaciones y arreglos entre múltiples actores (Castro Villarreal et al., 2012, pp. 130±131). Este enfoque
resulta especialmente pertinente para contextos latinoamericanos, donde la gobernanza es compleja, multiactoral y requiere
aceptar que la formulación de políticas se construye de manera situada, flexible y relacional.
3 Metodología
La presente investigación es de carácter cualitativa, se emplea la metodología de análisis documental como una de
sus estrategias centrales para examinar la forma en que las instituciones, las políticas públicas y las dinámicas extractivas
se articulan en la Amazonía ecuatoriana. Este método permite trabajar con fuentes oficiales, académicas e históricas,
proporcionando una base sólida para comprender cómo se construyen los discursos, normativas y lineamientos que orientan
el desarrollo regional.
El análisis documental es un proceso sistemático de revisión, evaluación e interpretación de documentos, tanto impresos
como electrónicos. Implica examinar e interpretar los datos contenidos en ellos para extraer significado, comprender un
fenómeno y desarrollar conocimiento empírico (Bowen, 2009). Se fundamenta en la idea de que los textos contienen
significados, intencionalidades y estructuras que pueden ser analizadas para responder preguntas de investigación,
especialmente en contextos complejos donde interactúan elementos institucionales, legales y socioeconómicos.
Krippendorff (2004), sostiene que el análisis de contenido es una técnica científica y sistemática que permite, a partir de
textos entendidos como materia significativa, hacer inferencias replicables y válidas sobre contextos sociales, instituciones,
actores y procesos, reconociendo siempre el papel activo del investigador, sus categorías analíticas y la necesidad de justificar
la fiabilidad y validez de lo que concluye.
El diseño permite integrar información heterogénea normativa, presupuestaria, estadística, institucional y académica para
generar una lectura articulada del funcionamiento del régimen especial amazónico previsto en la Ley para Planificación de
la Circunscripción Territorial Amazónica (LOPICTEA) y sus efectos en el desarrollo regional entre 2017 y 2024. Con
el análisis documental se realizó: revisión bibliográfica, análisis de la LOPICTEA, reglamentos, informes económicos de la
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Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador.
Este comparativo que permitió confrontar el diseño institucional de la LOPICTEA y los recursos asignados con los indicadores
socioeconómicos del INEC sobre pobreza y pobreza multidimensional en la región amazónica.
4 Resultados
4.1 Ingresos petroleros período 2019-2024
El análisis de la información económica se realiza para el período 2019-2024, dado que el 10 de mayo de 2018 se aprobó
la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA), a tan solo
un año de la posesión de la Asamblea Nacional correspondiente al período 2017-2021, en el gobierno de Lenin Moreno. Esta
nueva normativa establece instrumentos de política pública orientados a una intervención holística en la región amazónica,
considerando de manera integral los aspectos económicos, sociales, laborales, ambientales y educativos.
En el ejercicio fiscal de 2019, los ingresos petroleros constituyeron una fuente fundamental para las finanzas públicas
del Ecuador. Según los datos del Banco Central del Ecuador, los ingresos provenientes de exportaciones de petróleo crudo
alcanzaron los USD 9.978,5 millones, mientras que la venta de derivados generó USD 2.269,4 millones a nivel interno del
país. Esto se traduce en un total de USD 12.247 millones aportados por el sector petrolero al Sector Público No Financiero
(BCE, 2019).
En el 2020, las finanzas públicas ecuatorianas se vieron fuertemente impactadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y
la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo. Los ingresos petroleros del SPNF provinieron de USD 5.735,9
millones por exportaciones de petróleo crudo y USD 2.182,4 millones por ventas internas de derivados, lo que sumó un total
de USD 7.918,3 millones (BCE, 2020). El monto total de ingresos petroleros representó una contracción para la economía
ecuatoriana respecto a 2019, evidenciando la vulnerabilidad fiscal frente a choques externos. Esta drástica caída obligó al
Gobierno a recurrir a financiamiento externo y a renegociar deuda para sostener el gasto público y atender la emergencia
sanitaria.
En el 2021, la recuperación parcial de la economía global tras la recesión provocada por la pandemia, junto con el
repunte de los precios internacionales del crudo, favoreció de manera significativa las finanzas públicas ecuatorianas. Los
ingresos petroleros del SPNF ascendieron a USD 13.102,5 millones, de los cuales USD 9.390,8 millones provinieron de
exportaciones de petróleo crudo y USD 3.711,7 millones de la venta interna de derivados (BCE, 2021).
En el 2022, el entorno internacional estuvo marcado por una fuerte volatilidad en los precios de la energía, principalmente
como consecuencia de la guerra en Ucrania, la restricción de la oferta global de crudo y el incremento de la demanda tras
la recuperación postpandemia. Este escenario favoreció de manera directa los ingresos petroleros del Sector Público No
Financiero (SPNF), que alcanzaron un total de USD 16.614 millones. Factores que fueron claves son: el alto precio
internacional del petróleo; y, el crecimiento anual de la producción nacional de petróleo en 1,7 % (BCE, 2022).
En el 2023, los ingresos petroleros alcanzaron USD 14.458 millones, valor inferior en USD 2.396 millones en
comparación con 2022. Una de las principales causas de esta disminución es la caída del precio de exportación del crudo
ecuatoriano, el cual en 2023 se ubicó en USD 68,0 por barril, mientras que en 2022 fue de USD 85,8 por barril (BCE, 2024).
Diversos factores contribuyeron a esta disminución, entre ellos destacan las tensiones geopolíticas, la desaceleración de varias
economías que se tradujo en una menor demanda de crudo y una mayor oferta por parte de países que no pertenecen a la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En el 2024, los ingresos petroleros del Sector Público No Financiero (SPNF) estuvieron influenciados por una
combinación de mayores volúmenes exportados y una moderada recuperación en los precios internacionales, aunque sin
alcanzar los niveles excepcionales observados en 2022. El total de ingresos petroleros ascendió a USD 14.839 millones, de
los cuales USD 9.406 millones fueron por exportación de crudo y 5.433 por la venta de derivados (BCE, 2024).
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Tabla. 1. Ingresos del SPNF en USD millones (2019-2024)
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Precio promedio (USD/bl) 55,3 35,6 62,0 85,8 68,0 68,5
Por exportaciones de pe-
tróleo
9.978,5 5.735,9 9.390,8 11.132 9.079 9.406
Por venta de derivados 2.269,4 2.182,4 3.711,7 5.482 5.428 5.433
Total 12.247,9 7.918,3 13.102,5 16.614 14.507 14.839
Fuente: Elaboración propia con base en MEF (2024).
Figura. 1. Crecimiento del PIB real ( %), 2017-2024
Fuente: BCE, 2024. Elaboración propia.
4.2 Exportaciones No Tradicionales - Productos Mineros en millones de dólares (2019-2024)
Durante el período 2019±2024, el sector minero ecuatoriano, clasificado dentro de las exportaciones no tradicionales,
experimentó un crecimiento significativo, aunque con marcada volatilidad en su último año. Este comportamiento refleja
tanto la consolidación de la minería a gran escala como su creciente aporte a la balanza comercial del país.
Los factores determinantes para el auge de la minería se dan entre 2019 y 2021, con la entrada en producción de
proyectos como Mirador y Fruta del Norte que transformó la estructura exportadora no tradicional y se encuentran ubicados
en la provincia de Zamora Chinchipe. Otro elemento importante son los precios internacionales con la dinámica de precios
del cobre y el oro tuvo un impacto directo, con máximos en 2021±2022 y retrocesos en 2024 (BCE, 24).
En 2024, el sector minero registró su primera contracción desde el inicio de la minería a gran escala en el país. Las
exportaciones alcanzaron USD 3.074,9 millones, una disminución del 10,7 % en volumen y del 7,5 % en valor respecto al año
previo. Este retroceso se explica principalmente por la caída en dos de sus rubros más relevantes: el concentrado de cobre,
cuyas exportaciones se redujeron en 14,1 %, y el oro en bruto, que registró una disminución del 37,4 % en sus ventas externas
(BCE, 2024).
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60 Velín
Tabla. 2. Productos mineros en millones de dólares (2019-2024)
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Productos mineros 326 1.051 2.092 2.775 3.324 3.075
Fuente: BCE (2024). Elaborado por el autor.
4.3 Asignación de recursos a la Amazonía
La Amazonía ecuatoriana tiene una extensión aproximada de 120.000 km², que corresponde al 43 % de la superficie
terrestre continental e insular. Comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora. Sus
límites están marcados por la cordillera de los Andes en la parte occidental, que la separa de la región Sierra, mientras que
Perú y Colombia constituyen el límite meridional y oriental respectivamente (PIA , 2022).
La Amazonía se divide en tres zonas:
• Zona Norte: integra a las provincias de Sucumbíos y Orellana. Su dinámica económica está determinada por la condición
de ser una zona de frontera y estar influenciada por la actividad petrolera. Esta zona se conecta con el centro del país a
través de la red vial estatal y la ciudad de Quito.
• Zona Centro: comprende las provincias de Napo y Pastaza. Su dinámica económica se basa en actividades comerciales y
turismo, aunque Napo en los últimos años ha tenido un gran crecimiento de la minería ilegal. En cuanto a la accesibilidad
a esta zona, la provincia de Napo tiene conexión con la ciudad de Quito a través de la red vial (Tena ± Baeza ± Quito),
mientras que la provincia de Pastaza se conecta a la Sierra Centro con la red Puyo ± Baños ± Ambato.
• Zona Sur: integrada por las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Su dinámica económica gira en torno
a la actividad minera, ganadera y el comercio. Su conexión se genera con la provincia del Azuay (PIA, 2022).
La región amazónica tiene un remanente significativo de bosque nativo que se asocia estrechamente con otra
característica esencial de la Amazonía ecuatoriana: su abundante disponibilidad de agua dulce. En esta región se encuentran
las demarcaciones hidrográficas de los ríos Napo, Pastaza y Santiago, que comprenden siete cuencas principales: San Miguel,
Napo, Pastaza, Conambo, Morona, Santiago y Mayo. De acuerdo con el Changjiang Institute Survey, Planning, Design &
Research (CISPDR, 2016), la Amazonía ecuatoriana alberga un volumen total de 246.246 hm³ de recursos hídricos, tanto
superficiales como subterráneos. En comparación, la Costa cuenta con 70.046 hm³ y la Sierra con 59.725 hm³ (PIA, 2022).
Cabe destacar que existe una demanda significativa de recursos hídricos destinados no al consumo, sino que principal-
mente están asociados a la generación hidroeléctrica. De acuerdo con información del sistema SISDAT-BI, administrado
por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (2018), la Amazonía ecuatoriana cuenta con 178 centrales de
generación eléctrica. De estas, 165 corresponden a generación térmica, con una potencia nominal total de 1.407,40 MW;
11 son hidroeléctricas, con una potencia nominal de 1.927,619 MW; y 2 son solares, con una potencia nominal de 0,5726
MW. Asimismo, se registran 106 subestaciones eléctricas, incluyendo instalaciones de elevación, reducción, seccionamiento
y puntos de transformación (PIA, 2022).
4.4 Recursos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica.
Como antecedente, es necesario señalar que, en 1992, se promulgó la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, conocida como ley 010. Esta normativa dispuso la creación
de un fondo destinado al ecodesarrollo regional amazónico, financiado mediante un impuesto inicial de seis centavos por
cada barril de petróleo extraído en la Amazonía y comercializado tanto en el mercado nacional como en el internacional. El
valor debía incrementarse en un centavo anual hasta alcanzar los diez centavos. Posteriormente, en 1997, una reforma legal
elevó el aporte a diez centavos por barril y estableció aumentos anuales de cinco centavos a partir de 1998, en beneficio de los
gobiernos amazónicos (El Comercio, 2014).
Mediante el Decreto Ejecutivo N.ë 1840, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.ë 408 el 10 de septiembre
de 2001, el extinto Instituto para el Eco-desarrollo Regional Amazónico (ECORAE) asumió los bienes y atribuciones del
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Riqueza natural, pobreza persistente 61
Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE). Su objetivo central fue integrar la Amazonía al
desarrollo nacional mediante un enfoque integral, con especial atención a las zonas fronterizas por su relevancia geopolítica
y diversidad cultural, lingüística y natural. Asimismo, cumplió funciones de planificación, coordinación y ejecución de
programas de colonización. Conviene recordar que, desde 1979, los programas de colonización dirigida antes a cargo del
IERAC habían pasado al INCRAE (STCTEA, 2022). La reforma de enero de 2008 a la Ley 010 estableció un valor fijo
de USD 1 por cada barril de petróleo destinado al Fondo Amazónico, eliminando la posibilidad de incrementos anuales.
La distribución se realiza de la siguiente manera: el 28 % se destina a los consejos provinciales amazónicos, el 58 % a los
municipios de la región, el 9 % al Fondo Regional gestionado por el Instituto para el Eco-desarrollo Amazónico, y el 5 %
restante a las juntas parroquiales mediante un fondo específico de desarrollo parroquial (El Comercio, 2014).
La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, establece en su artículo 250 que el territorio de
las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema esencial para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio
constituirá una circunscripción territorial especial para la cual se desarrollará una planificación integral, recogida en una
ley que incluya aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la
conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay.
Diez años después de la aprobación de la actual Constitución, se expidió la Ley Orgánica para la Planificación Integral
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA, 2018), publicada en el Registro Oficial No. 245 del 21 de
mayo de 2018. Esta ley fue tramitada en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, donde se generaron debates
y aportes mediante asambleas ciudadanas itinerantes en las seis provincias amazónicas, con el fin de incorporar artículos
en función de las necesidades del territorio. Asimismo, se mantuvieron reuniones con varios ministros Ðentre ellos, los de
Ambiente, Economía y FinanzasÐ en el marco de los trabajos de la comisión (La Hora, 2017).
El proyecto de ley no contó con el respaldo del gobierno nacional, por lo que la bancada afín a Lenín Moreno
votó en contra o se abstuvo, generando fricciones internas y motivando que varios asambleístas amazónicos se declararan
posteriormente independientes. El Ejecutivo argumentó que la normativa implicaba un egreso fiscal significativo en favor
de la región, lo cual consideraba inviable. Aun así, la ley fue aprobada el 17 de mayo de 2018 y publicada en el
Registro Oficial. Con su entrada en vigencia se derogó la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de
Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales (Ley 010) y se dispuso la extinción del Instituto para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico (ECORAE), entidad encargada de administrar recursos financieros y técnicos para proyectos de desarrollo regional
(LOPICTEA, 2018).
5 Discusión
Ingresos del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico Para el análisis de este tema se tomará como referencia la
asignación de recursos extra que ingresan a la región amazónica por concepto de la ley para Planificación de la Circunscripción
Territorial Amazónica y cuyo objetivo es generar desarrollo integral en la región. Un aspecto neurálgico de la nueva normativa
es la creación de dos fondos económicos: 1. El Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico (ingreso directo a los GADS
amazónicos en diferentes porcentajes) y 2. El Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (ingresos
para proyectos que pueden ser captados por diferentes organizaciones) establecidos en el art. 59 de la ley (LOPICTEA, 2018).
El art. 60 crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico que se financiará con una asignación equivalente
al cuatro por ciento (4 %) del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica y que se comercialice en los mercados interno y externo (LOPICTEA, 2018). Los recursos de este fondo
se distribuyen de la siguiente forma: 1. El veinte y ocho por ciento (28 %) para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales Amazónicos. 2. El cincuenta y ocho por ciento (58 %) para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales Amazónicos. 3. El diez por ciento (10 %) para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales
Amazónicos. 4. El cuatro por ciento (4 %) para el Fondo Común, que será administrado por la Secretaría Técnica de la
Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA, 2018).
La información económica sobre los recursos destinados a este fondo, provenientes del porcentaje de la venta de
petróleo, presenta un problema significativo, ya que se encuentra dispersa y contiene datos incongruentes, lo que dificulta
su análisis. Asimismo, se han generado conflictos entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas en
torno al artículo 60, que menciona la comercialización del barril de petróleo en los mercados interno y externo. Ambas
instituciones sostienen que el petróleo no se comercializa a nivel interno, desestimando el espíritu de la ley, que hace
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62 Velín
referencia a la comercialización de los derivados de petróleo y del gas. Esta interpretación busca reducir los recursos que, por
ley, corresponderían a la Amazonía.
Por las múltiples dudas en este tema el Consorcio de Municipios Amazónicos (COMAGA) consulta al Estado
ecuatoriano ªRespecto de su segunda consulta se concluye que, de acuerdo con el artículo 60 y la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica,[...] por lo
que, al no estar prevista la comercialización de petróleo crudo en el mercado interno, según la definición que consta en el
Anexo A del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, ese rubro es inaplicable en la base de cálculo de la asignación
que, en consecuencia, se debe realizar respecto del valor de venta de los barriles comercializados en el mercado externo”
(Procuraduría General del Estado, 2021).
Otro factor a considerarse es que los ingresos destinados a estos dos fondos en favor de la Amazonía no constituyen
recursos fijos, sino que varían anualmente debido a las fluctuaciones en los precios de exportación de recursos naturales como
petróleo, cobre y oro, así como de las utilidades generadas por las empresas hidroeléctricas.
Tabla. 3. Ingreso del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico en millones de USD (2019-2024)
Año Ingreso
2019 239, 86
2020 178.67
2021 215,57
2022 222,41
2023 260,19
2024 306,94
Total 1.423,64
Fuente: Ministerio de Energía Finanzas y STCTE, 2021.
5.1 Fondo Común
La otra asignación de la ley es el ªFondo Común”: mismo que actúa como un fondo de inversión territorial, capitalizado
por varias rentas extractivas (minería, energía, hidrocarburos) y por el 4 % del propio FDSA que está diseñado de la siguiente
forma:
1) El sesenta por ciento (60 %) de regalías incluidas las que podrían pagarse anticipadamente, el 3 % de venta en contratos
de prestación de servicios, y el 12 % y 5 % de utilidades mineras.
2) El treinta por ciento (30 %) del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de
operación y el 12 % de utilidades de generadoras de capital privado y de economía mixta.
3) El doce por ciento (12 %) de las utilidades de la actividad hidrocarburífera generadas en la Amazonía (LOPICTEA, 2018).
Los recursos captados son centralizados en la Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y debe
orientarse a proyectos de desarrollo regional que lo pueden presentar diversidad de organizaciones sociales, culturales
o entidades públicas como los GADS. Al menos el 30 % se ejecutan por medio de proyectos en las zonas directamente
impactadas por la actividad extractiva (LOPICTEA, 2018).
Ingresos históricos de la Secretaría de Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (STCTEA).
La información que se presenta a continuación se extrae del plan operativo anual 2024 de la Secretaria de Técnica de la
Circunscripción Territorial Amazónica debido a que cada plan desde el 2019 al 2014, varia en sus cifras.
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Riqueza natural, pobreza persistente 63
Tabla. 4. Proyección de ingresos Fondo Común
Año Ingreso
2019 59.015.778,22
2020 60.480.592,13
2021 38.111.613,74
2022 58.067.457,63 4
2023 100.898.716,10
2024 124.009.435,74
Total 440.583.593,52
Fuente: STCTEA POA, 2024.
ªMediante Memorando Nro. STCTEA-DAF-2023-3379-M de fecha 14 de noviembre de 2023, la Dirección
Administrativa Financiera, remite la proyección de ingresos solicitados considerando los años 2019, 2020, 2021, 2022
y 2023 de los recursos que la institución ha percibido tanto del Fondo para el Desarrollo Sostenible y el Fondo Común,
conforme el siguiente detalle” (POA, 2024, p. 17).
En un análisis preliminar se observa un incremento significativo de recursos económicos en la región amazónica a
partir del 2019. Sin embargo, una revisión más detenida revela la brecha existente entre la teoría y la práctica. En efecto, los
ingresos provenientes de los fondos asignados por ley para la Amazonía evidencian la persistencia de un problema estructural
vinculado con la oportunidad y la eficiencia en la transferencia de recursos. Aunque las normativas vigentes establecen
mecanismos claros de preasignación y distribución hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la región,
en la práctica los desembolsos no se efectúan de manera oportuna, lo que provoca retrasos y conlleva la acumulación de una
deuda interanual cada vez más considerable.
Otro problema radica en la falta de claridad en las asignaciones económicas, lo que dificulta contar con datos fidedignos
que permitan organizar la información proveniente de múltiples organismos en distintos niveles de gobierno, desde la
Presidencia de la República hasta las juntas parroquiales de las seis provincias de la región amazónica. El ente encargado
de coordinar la acción entre estos sectores es el Consejo de Planificación y Desarrollo, conformado por doce miembros que
representan al Ejecutivo, a ministerios estratégicos, a los gobiernos locales, a las nacionalidades y pueblos indígenas, a las
instituciones de educación superior y a los sectores productivos de la circunscripción (LOPICTEA, 2018). No obstante, la
Secretaría Técnica es la entidad responsable de ejecutar y monitorear los proyectos en el territorio.
Esta situación pone en evidencia la brecha existente entre el diseño normativo y la ejecución presupuestaria, lo que
repercute negativamente en la planificación y en la implementación de proyectos orientados al desarrollo sostenible y a la
mejora de las condiciones socioeconómicas de la población amazónica. De acuerdo con el medio de comunicación digital La
Barra Espaciadora (2022), ªen julio de 2022, el Ministerio de Finanzas propuso un plan para ponerse al día con los pagos
retrasados en tres cuotas anuales de 50 millones de dólares en 2022; 150 millones en 2023; y 95’888.435,90 en 2024”.
La falta de asignación oportuna de los recursos establecidos por ley también se evidencia en la gestión del Fondo Común,
particularmente en el ámbito minero. Entre 2019 y 2022, la provincia de Zamora Chinchipe declaró USD 3.604’073.318 por
concepto de ventas y exportaciones mineras. En relación con las regalías, la empresa china Ecuacorriente S.A., responsable del
megaproyecto de minería a cielo abierto Mirador, declaró en 2019 un monto de USD 30’000.000; en 2020, USD 3’650.166,49;
y en 2021, USD 12’071.706,00. No obstante, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica no
reportó oficialmente estos ingresos, lo que pone en evidencia vacíos en la transparencia y en la trazabilidad de los recursos
destinados a beneficiar a la región (La Barra Espaciadora, 2022). En este marco, la problemática trasciende el plano fiscal y se
vincula con la gobernanza de los recursos, el fortalecimiento institucional y la necesidad de garantizar tanto el flujo oportuno
de los fondos como la calidad del gasto, elementos indispensables para revertir la histórica postergación de la región en el
contexto de la paradoja de la abundancia. Enfrentar estos desafíos exige reformas orientadas a incrementar la transparencia
y la rendición de cuentas: tableros públicos en línea que detallen montos recibidos, proyectos financiados y avances físico
financieros por GAD; mecanismos de participación obligatoria de organizaciones indígenas y sociedad civil en la priorización
de proyectos; y auditorías independientes cuyos resultados se difundan oportunamente.
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64 Velín
5.2 La pobreza en la Amazonía ecuatoriana
La pobreza multidimensional (PM) refleja privaciones simultáneas en educación, trabajo, salud y vivienda, es decir;
corresponde al porcentaje de personas que viven en hogares que tienen privaciones en una tercera parte o más de los
indicadores ponderados (K >=33.3 %). En diciembre de 2024, la tasa de pobreza multidimensional fue de 40,8 % a nivel
nacional; 26,6 % en el área urbana, y 71,2 % en el sector rural, evidenciando brechas estructurales entre territorios y grupos
sociales (INEC, 2025).
Tabla. 5. Pobreza en la Amazonía ecuatoriana (2019-2024)
Indicadores 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tasa de Pobreza multidimensional 69,1 % 71,1 % 75,6 % 77,38 % 73,42 %
Pobreza por necesidades básicas 60,9 % 56,7 % 59,8 % 66,55 % 53,38 %
Coeficiente de Gini 0,562 0,543 0,554 0,562 0,5385
Nota.Elaboración propia a partir de Pillalaza (2023) e INEC (2024).
La Amazonía ecuatoriana±Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe± continúa
exhibiendo los mayores rezagos sociales del país a pesar de ser fuente principal de rentas petroleras, mineras e hidroeléctricas.
En Ecuador los últimos datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), plantea los
siguientes resultados en la región amazónica.
Con base en los datos presentados por Pillalaza (2023) y en los informes recientes del INEC derivados de la ENEMDU
(2019±2024), la Amazonía ecuatoriana se configura de manera consistente como el territorio con los peores indicadores
de pobreza y los niveles más altos de desigualdad del país. La serie 2019±2024 que presentas muestra una trayectoria de
deterioro y sólo mejora parcial reciente. La pobreza multidimensional pasa de 69,1 % en 2019 a 77,38 % en 2023, es decir,
un aumento de más de 8 puntos porcentuales, con una leve corrección en 2024 (73,42 %), pero todavía por encima del nivel
prepandemia. La pobreza por NBI desciende entre 2019 y 2021 (60,9 % a 56,7 %), pero se dispara a 66,55 % en 2023 y recién
cae con fuerza en 2024 hasta 53,38 %, el valor más bajo de toda la serie. El Gini replica este comportamiento: baja de 0,562
(2019) a 0,543 (2021), vuelve a subir a 0,562 en 2023 y desciende a 0,5385 en 2024, nivel similar al de 2021, lo que indica
persistencia de una desigualdad alta pese a ligeras mejoras.
Los datos provinciales refuerzan esta lectura estructural: en 2024 las mayores tasas de pobreza multidimensional del país
se concentran en Orellana (90,6 %) y Morona Santiago (84,1 %); en pobreza por NBI, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos
y Pastaza se ubican entre los valores más críticos; y en desigualdad, las provincias amazónicas exhiben nuevamente los
coeficientes de Gini más altos del Ecuador (INEC, 2024).
En síntesis, la evidencia estadística es contundente: la Amazonía combina niveles extremos de pobreza multidimensional,
carencias básicas y desigualdad, con una evolución 2019±2023 marcadamente regresiva y una mejora en 2024 que, aunque
estadísticamente relevante, no revierte el rezago histórico ni la brecha frente al promedio nacional (pobreza multidimensional
nacional del 36,8 % (INEC, 2024).
Desde una perspectiva académica sobre pobreza y desarrollo, estos resultados confirman que: la región funciona como
territorio generador de rentas extractivas pero excluido de sus beneficios, manteniendo vigente la paradoja de la abundancia y
revelando fallas profundas en la capacidad redistributiva e institucional del Estado en la Amazonía.
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Riqueza natural, pobreza persistente 65
Tabla. 6. Cuadro comparativo de objetivos LOPICTEA vs. Resultados en la Amazonía ecuatoriana
Objetivos de la LOPIC-
TEA
Resultados analizados de la Amazonía
Superar inequidades y erra-
dicar pobreza. Art. 21 y Art.
23.
Las provincias amazónicas mantienen tasas más
altas de pobreza multidimensional, evidenciando
que la reducción de inequidades no se ha materia-
lizado en el territorio. (INEC 2024).
Mejorar calidad de vida y
desarrollo humano. Art. 23.
Desacople entre rentas extractivas y bienestar te-
rritorial (BCE, INEC 2019 -2024).
Diseño del Fondo para el
Desarrollo Sostenible Ama-
zónico ± FDSA (arts. 60±62:
4
En la práctica, el flujo del FDSA se reduce por
disputas sobre su base de cálculo (ventas internas
vs. externas) y por la volatilidad del precio del
petróleo. Además, el ejecutivo puede entregar o
retrazar la entrega de recursos por lo que el im-
pacto en la pobreza multidimensional sigue siendo
limitado.
Diseño del Fondo Común
(arts. 64±65: agregado de re-
galías mineras, utilidades hi-
drocarburíferas y excedentes
eléctricos para inversión te-
rritorial).
El Fondo Común articula varias rentas extractivas
y se orienta a inversión, incluso en zonas directa-
mente impactadas, pero la información fragmen-
taria y la persistencia de pobreza evidencian un
potencial redistributivo aún limitado.
Fortalecer institucionalidad
estatal con pertinencia terri-
torial. Art. 23.
Persisten fallas de calidad institucional, con ba-
ja coordinación, disputas sobre el cálculo de los
fondos y problemas para entregar los recursos de
forma puntual.
Cumplir los objetivos del
Plan Integral para la Ama-
zonía (alineación planifica-
ción±presupuesto). Art. 21.
La ejecución presupuestaria hacia los objetivos
amazónicos es insuficiente y fragmentada; no
existe alineación plena entre lo planificado y lo
ejecutado.
Transparencia y participa-
ción ciudadana. Art. 68 y
Art. 69.
Baja transparencia, poca articulación, y débil con-
trol social.
Fuente: LOPICTEA, 2018. Elaboración propia.
5.3 Percepción de la corrupción en Ecuador
En Ecuador, la corrupción continúa siendo un problema relevante; no obstante, la creciente inseguridad asociada al
crimen organizado ha desplazado esta preocupación en la agenda pública. La violencia cotidiana tiene un impacto más
inmediato, lo que relega incluso los escándalos de corrupción que involucran a actores políticos. Según LAPOP (2023),
las principales inquietudes ciudadanas son la seguridad (49 %), la economía (25 %) y el desempleo (8 %), mientras que la
corrupción ocupa apenas el cuarto lugar con un 6 %, por debajo del promedio regional (p. 26). Este contexto evidencia que,
ante amenazas directas a la seguridad y al sustento económico, las consideraciones éticas pierden centralidad.
Los sectores donde la corrupción es percibida como más frecuente son petróleo (46 %), transporte y carreteras (15 %)
y salud (13 %), todos caracterizados por baja transparencia en la gestión pública. En el sector petrolero, esta opacidad
genera dudas sobre el manejo estatal de los recursos y sobre la distribución de ingresos para la Amazonía en el marco de
la LOPICTEA. Aunque 53 % de la población estaría dispuesto a respaldar una ruptura del orden democrático para combatir
la corrupción, solo 5 % ha denunciado o apoyado una denuncia; el 95 % no lo ha hecho nunca, lo que evidencia una marcada
incoherencia entre actitud y comportamiento (pp. 31±32).
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Tabla. 7. Percepción de la corrupción en Ecuador
Indicador Valor nacional 2023 ( %)
Justifica pago de sobornos 32
Justifica golpe militar si hay mucha corrupción 53
Asamblea Nacional ªmuy corrupta” 32
Policía Nacional ªmuy corrupta” 19
Políticos: ªtodos corruptos” 35
Políticos: ªmás de la mitad corruptos” 41
Sector petrolero percibido como más corrupto 46
Transporte/carreteras 15
Salud 13
Denunció/apoyó denuncia de corrupción 5
Fuente: LAPOP, 2023. Elaboración propia.
6 Conclusiones y recomendaciones
La Amazonía ecuatoriana concentra la mayor riqueza natural y, paralelamente, los más altos niveles de pobreza
multidimensional, NBI y desigualdad. Los datos del INEC (2019-2024) permiten ilustrar con nitidez la persistencia de
la paradoja de la abundancia en la Amazonía ecuatoriana. A pesar de ser una región estratégica para el país por su alta
contribución a las rentas petroleras, mineras e hidroeléctricas, los indicadores de pobrezaÐespecialmente por Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI)Ð y desigualdad continúan siendo alarmantemente altos. Provincias como Orellana (84,1 %)
y Morona Santiago (71,0 %) registran los niveles más críticos de pobreza estructural, acompañados de déficits crónicos en
servicios básicos como agua potable, vivienda digna y condiciones de salubridad.
La Amazonía ecuatoriana no solo enfrenta un problema de pobreza, sino de concentración de la riqueza, fragilidad
institucional y ausencia de justicia territorial. Su condición periférica dentro del modelo de acumulación extractivista nacional
la ha convertido en un territorio proveedor de rentas, pero excluido de sus beneficios (Baquero 2022). La paradoja de la
abundancia se expresa aquí no como una excepción, sino como una regla estructural.
La alta corrupción percibida en sectores estratégicos como petróleo (46 %), transporte (15 %) y salud (13 %) revela
deficiencias estructurales en transparencia y control, con especial incidencia en la gestión de los recursos que por ley deberían
beneficiar a la Amazonía. En este contexto, Alssadek & Benhin (2023) aseveran que la combinación de inseguridad creciente,
fragilidad institucional y tolerancia social a prácticas ilícitas configura un escenario de riesgo para la democracia, donde
la erosión de la confianza pública y la captura de instituciones por redes criminales pueden generar un círculo vicioso de
violencia y debilitamiento estatal (instituciones extractivas).
La gestión de los recursos amazónicos evidencia una baja calidad institucional, marcada por la brecha entre el marco
legal y su ejecución. Las transferencias previstas por ley no se realizan de forma oportuna ni transparente, lo que limita
la planificación, afecta la ejecución de proyectos y reduce la confianza ciudadana. Esto fomenta prácticas clientelares,
limita la planificación y reduce el impacto del gasto público. La contradicción entre instituciones formales ,marcos legales
y procedimientos informales, redes de poder y compromisos políticos distorsiona la aplicación de las normas, debilita la
confianza ciudadana y perpetúa desigualdades estructurales Pillalaza (2023).
7 Referencias
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.
Deusto.
Alssadek, M., & Benhin, J. (2023). Natural resource curse: A literature survey and comparative assessment of regional
groupings of oil-rich countries. Resources Policy, 84, 103741.
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103741
Arias Pineda, A. A. (2008). El neoinstitucionalismo y sus aportes a la teoría de la organización. Revista Gestión & Región,
6, 31±63.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7433762
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Riqueza natural, pobreza persistente 67
Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica. Registro Oficial 245, 21 de mayo de 2018.
https://www.gob.ec/.../Documento_Ley-Organica-
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