
La Teoría institucional 17
Estado. Las instituciones informales, en cambio, surgen de manera espontánea. Como unas normas sociales, las costumbres
y los códigos de conducta y su cumplimiento se basan en la presión social, la reputación y la confianza. Ambas interactúan
para configurar la sociedad y la conducta humana (North, 1990). Dentro de la teoría institucional, es crucial distinguir entre
las perspectivas del neoinstitucionalismo económico y el neoinstitucionalismo sociológico, ya que cada una ofrece una lente
diferente para comprender las dinámicas institucionales y, por ende, el debate sobre los derechos laborales.
Desde el enfoque del Neoinstitucionalismo Económico, liderado por Douglas North, las instituciones se conciben
como los pilares fundamentales que modelan las interacciones económicas al reducir la incertidumbre y los costos de
transacción, promoviendo así la eficiencia y el crecimiento. North (1990) enfatiza que estas reglas del juego"son cruciales
para el funcionamiento de los mercados, ya que establecen los incentivos y las restricciones que guían el comportamiento de
los agentes económicos. Dentro de esta perspectiva, el debate sobre los derechos laborales se enmarca en la dicotomía de
cómo las regulaciones laborales, entendidas como instituciones formales, pueden impactar la flexibilidad del mercado y la
competitividad de las empresas. La preocupación central es, por tanto, la creación de un entorno que favorezca la inversión,
lo que, desde este punto de vista, podría requerir la minimización de ciertas restricciones laborales para dinamizar la economía.
El Neoinstitucionalismo Sociológico, como señalan DiMaggio y Powell (1983), se enfoca en cómo las organizaciones
adoptan estructuras y prácticas similares en respuesta a presiones y expectativas del entorno institucional, un fenómeno
conocido como isomorfismo. Este proceso de homogeneización se manifiesta a través de tres mecanismos principales. El
primero es el isomorfismo coercitivo, que resulta de las presiones formales e informales ejercidas por otras organizaciones
de las que se depende o por la sociedad en general, tales como leyes y regulaciones. En el ámbito laboral, este tipo de
isomorfismo se traduce en el cumplimiento de la normativa por miedo a sanciones. El segundo es el isomorfismo mimético,
que surge como respuesta a la incertidumbre, llevando a las organizaciones a imitar a otras que son consideradas exitosas o
legítimas. En el contexto empresarial, esto podría impulsar la adopción de "buenas prácticas"laborales si se percibe que otras
empresas exitosas las implementan. Finalmente, el isomorfismo normativo es el resultado de la profesionalización, donde
expertos como abogados o profesionales de recursos humanos difunden un conjunto común de normas y valores. Esto influye
directamente en la formación de estándares y expectativas sobre los derechos laborales dentro de un sector o industria.
La noción de legitimidad, por su parte, se refiere al grado en que una organización o práctica es aceptada y reconocida
como válida por la sociedad (North, 1990). Las organizaciones buscan la legitimidad para asegurar su supervivencia y obtener
recursos (Huq Stevenson, 2018). Esto impulsa a las organizaciones a alinear sus prácticas con las expectativas sociales y
legales, lo que a su vez impacta en las condiciones del trabajo.
La TI, con su énfasis en las reglas, normas y valores, proporciona un marco conceptual para analizar cómo se estructura
y se lleva a cabo la administración del desarrollo, y cómo se definen y protegen los derechos laborales dentro de este contexto.
Las instituciones, tanto formales como informales, influyen en las políticas de desarrollo, las prácticas de gestión y las
relaciones entre actores involucrados, lo que a su vez afecta la realización de los DL.
Administración del desarrollo y derechos laborales
La administración del desarrollo se enfoca en impulsar el avance económico y social de las naciones. En este proceso,
se reconoce la trascendencia de los derechos laborales como un pilar fundamental para asegurar que los individuos gocen
de condiciones de trabajo dignas y equitativas (Atencio González et al., 2020). En otras palabras, La gestión del desarrollo
tiene como objetivo promover el avance económico y social de las naciones. Para lograrlo, considera esencial el respeto a las
prerrogativas de los trabajadores, pues estas son la base para garantizar un ambiente laboral decente y justo para todos.
Motta (2012) describe la administración del desarrollo como la aplicación de principios y técnicas administrativas
para promover el progreso económico y social de una nación o región, enfocándose en la gestión eficiente de recursos
(Montgomery y Maggio, 2009), la puesta en marcha de políticas públicas y la generación de un ambiente favorable para el
desarrollo y crecimiento humano.
La vinculación entre la administración del desarrollo y los derechos laborales se basa en la premisa de que el
trabajo decente es fundamental para el desarrollo sostenible, como se confirmó en la Asamblea General de la ONU
en 2019 (Zani, 2022). Se reconocen como derechos laborales esenciales aquellos que garantizan la autonomía de los
empleados para agruparse en sindicatos y participar en discusiones grupales acerca de sus condiciones laborales. Asimismo,
se incluye la protección contra cualquier forma de trabajo forzado o no consentido, así como la garantía de un trato
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