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parece ser llamar a la sociedad civil a colaborar con el Estado en esta tarea. Para que esto funcione, hay que tener en cuenta el
riesgo de que determinados grupos de interés se apoderen del proceso de toma de decisiones y, por tanto, del interés colectivo
(Gonçalves y Ferreira, 2015).
Pero, ¿cómo garantizar y legitimar este camino de forma transparente y democrática? En Portugal, la participación
ciudadana está garantizada a varios niveles, empezando por la Constitución de la República Portuguesa, en el artículo 48
(Participación en la vida pública) o en el artículo 52 (Derecho de petición y derecho de acción popular), que destacan
el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso de elaboración de planes y programas, pero también a presentar
peticiones y reclamaciones.
La legislación orientada a la gestión y transformación del territorio, como la Ley de Bases Generales de Política Pública
de Suelo, Ordenación del Territorio y Urbanismo (Ley n.º 31/2014, de 30 de mayo) y el Régimen Jurídico de los Instrumentos
de Gestión Territorial (Decreto-Ley n.º 80/2015, de 14 de mayo), no podían ignorar estas obligaciones constitucionales,
garantizando sistemáticamente la obligación de convocar la participación y el debate públicos. Cabe destacar esta última
legislación, en cuyo artículo 6 (Derecho de participación) se especifica que toda persona tiene derecho a participar en la
elaboración, modificación, revisión, ejecución y evaluación de los programas y planes, y que los organismos públicos deben
garantizar la difusión de estos programas y planes en plataformas colaborativas. Como se ve, la organización y tratamiento de
esta participación puede ser, siempre respetando la ley, más superficial y circunstancial o más profunda y desarrollada, pero
siempre con la decisión ejercida por la dirigencia del proceso.
La forma en que se plantea, sin embargo, parece más una estrategia para legitimar aún más el ejercicio clásico del
poder que una concesión de poder a otros. La participación es voluntaria y no obligatoria, mediada a través de técnicas de
interacción y movilización cada vez más elaboradas, pero que dejan sin resolver la escasa capacidad de influencia de los
participantes o incluso su escasa representatividad. Reconociendo estos problemas, Ferreira et al. (2004) señalan que la
participación pública debe convertirse en un requisito previo para la aceptación y el mantenimiento de los planes o también
en una forma de movilización contra la creciente indiferencia de la población hacia las cuestiones políticas locales. Los
autores destacan que esta participación es crucial para fomentar la corresponsabilidad de la comunidad, combatir los intereses
y valores individuales y reducir los conflictos y la reacción al cambio.
La implicación de los ciudadanos adquiere aún mayor expresión cuando la planificación se considera informal o soft,
como suele ser el caso de la planificación estratégica, que no es obligatoria ni vinculante, pero que supone que su contenido
debe ser la condensación de la expresión y la voluntad de las fuerzas locales. Éstas deben poder elegir su futuro y, sobre
todo, construirlo de forma articulada, coherente y convergente. Sin dudas, por tanto, de que el uso del suelo derivado de una
planificación racionalista, tecnocrática y reguladora (Faludi, 1973; McLoughling, 1969) está hoy sometida a una enorme
presión por el limitado papel del Estado en la creación de competitividad territorial, que, desde el punto de vista neoliberal,
sólo garantizan el mercado y el sector privado (Pereira, 2009). Este aumento de la competitividad se consigue esencialmente
mediante la crítica y la creación de alternativas a los procesos de planificación tradicionales, considerados demasiado rígidos
y formales, con el fin de lograr mejores índices de rotación del capital (Peck et al., 2013), tomando forma la idea de que
la planificación debe ser un proceso circular (continuo), participativo (abierto) y prospectivo (el futuro como incerteza y
construcción) (Fernández-Güell, 2006).
La idea de lo postpolítico gana sentido aquí, ya que existe la sensación de que es la participación pública, en toda su
multiplicidad y diferencias, que construye el camino hacia el desarrollo, valorando los intereses comunes por encima de todo.
Sin embargo, una vez más, este proceso no está exento del riesgo de manipulación, ya que su dirección o cualquiera de las
partes interesadas podría desviar los resultados en su propio beneficio (Mintzberg, 1994).
A partir de estos cuestionamientos, las subsecciones siguientes se refieren al contexto portugués, analizando el Programa
BIP/ZIP. Este Programa puede presentarse tanto como una propuesta top-down (de arriba abajo) desde el punto de vista de la
decisión, ya que su adopción es definida por el gobierno local, como una propuesta bottom-up (de abajo hacia arriba) desde
el punto de vista de la ejecución de los proyectos, ya que los proyectos y sus métodos de ejecución son diseñados por la
población
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